El 20 de enero de 2015 el Consejo Coordinador Empresarial, la máxima organización representativa de los empleadores de México, publicó una inserción pagada en la que expresó:
José Antonio Ortega
EUM, SEIE. 29 de Enero de 2015
“Condenamos enérgicamente las agresiones en contra del sector empresarial y sus organizaciones, así como los bloqueos de carreteras y casetas que han sucedido en varias zonas del país.
“Por mandato constitucional, el Gobierno Mexicano y sus instituciones de procuración e impartición de justicia tienen la obligación de garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. No debe haber cabida para la impunidad.
“Exigimos a las autoridades garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio.
“Ha habido ataques contra la sociedad civil, empresas, trabajadores, autoridades, policías, militares y organizaciones empresariales ¿hasta dónde y hasta cuándo?
“Señores representantes de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno: honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan”.
El reclamo de este desplegado es absolutamente justo; empero, no precisó la responsabilidad de las autoridades ejecutivas en tolerar las agresiones contra la iniciativa privada en Guerrero y Oaxaca, principalmente.
Son en primer lugar los gobernadores Rogelio Ortega y Gabino Cué quienes han tolerado los bloqueos, tomas de casetas de peaje, atracos al transporte, incendios de edificios y agresiones a la policía. Pero después está la responsabilidad del gobierno del Presidente Peña, que en el caso de Guerrero es aún más grave por haber apoyado la designación de Ortega en sustitución de Ángel Aguirre, a sabiendas de quién era ese sujeto, al que denunciamos penalmente en 2009.
Los empresarios ahora deben dar los siguientes pasos: denunciar penalmente a los gobernadores de Guerrero y Oaxaca y promover contra ellos el juicio político para su destitución. Y esto deberá servir para que el gobierno federal comprenda que, si sigue incumpliendo con sus elementales obligaciones, después será él objeto de similares denuncias y promociones.
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