La semana pasada dos madres de familia, apoyadas por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), presentaron queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra los líderes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por violación del derecho a la educación de los niños y a su interés superior.
José Antonio Ortega
EUM SEIE 30 julio 2015
Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han sido objeto de toda suerte de señalamientos y denuncias penales, al grado de que más de un centenar de sus líderes cuenta con al menos una orden de aprehensión. Pero hasta ahora nadie había presentado contra ellos una queja por violación de los derechos humanos, específicamente por violar el derecho a la educación de los niños.
En 2013, habitantes del Distrito Federal presentaron quejas en contra de la CNTE por atentar contra la libertad de tránsito de los capitalinos y ocasionar graves perjuicios económicos a causa de los bloqueos a vías comunicación. Por supuesto, la comisión local no se atrevió a emitir recomendaciones a los de la Comisión, incumpliendo así con su mandato.
En 2014, la CNDH emitió una recomendación con relación a los paros de actividades de los integrantes de la sección 22 del SNTE (quienes al mismo tiempo pertenecen a la CNTE), pero la Comisión eludió dirigirla a los líderes sindicales y en su lugar la hizo al Gobernador, Gabino Cué.
Lo trascendente de la queja presentada la semana pasada es que va contra los líderes de la CNTE y frente a la misma la CNDH no podrá eludir pronunciarse, so pena de incumplir con su mandato, pues los integrantes de la sección 22 son servidores públicos y sus atropellos los han cometido en calidad de tales, no como meros particulares. Además, para todo efecto práctico, la CNTE era la dueña del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cuya desaparición también se anunció la semana pasada.
Los de la CNTE han utilizado falsos derechos como una coartada para sus delitos y abusos de poder, pero ahora terminan por ser desenmascarados como lo que realmente son: como violadores de derechos humanos, en agravio del sector más vulnerable de la población, los niños. Y dado el interés superior de estos, toda la fuerza del Estado debe ser usada para poner fin a esa asociación delictuosa que ha dañado a la niñez de Oaxaca durante 35 años.
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