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XX ANIVERSARIO DEL TEPJF
 
Mensaje de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A. C.
Act. Eugenia del Carmen Diez Hidalgo
Presidenta
24 de agosto 2016
Eugenia del Carmen Diez Hidalgo
 
 
Inicio esta presentación con tres citas de reconocidos autores:
1. «La ciudadanía activa se apoya en el derecho de saber, de obtener explicaciones, de ser involucrado, de ser escuchado y de ser tomado en consideración» -Ranson y Stewart (1994)
2. De esta manera, la información y la educación (en y de nuestros derechos y deberes) son dos condiciones indispensables para el funcionamiento regular de la democracia. -Giovanni Sartori (1997).
3. Por lo menos desde la 1ª. reelección fraudulenta de Porfirio Díaz en 1876, la resolución jurídica de los conflictos electorales ha sido un tema amargamente disputado en la evolución política de México. Las raíces de los debates contemporáneos sobre reformas electorales se ubican en la década de 1870 en la controversia entre José María Iglesias e Ignacio Vallarta, en la que se impuso la tesis de Vallarta de la “no intervención del Poder Judicial en los conflictos electorales”, ha limitado la intervención de la Suprema Corte, durante 120 años. -Todd Eisenstard, de la Universidad de California.
De esta última cita queda claro que los Poderes Ejecutivo y Legislativo limitaron la autonomía del Poder Judicial en materia electoral desde el porfiriato hasta 1996.
Desde la integración del TEPJF, la Democracia como forma de gobierno en nuestro país es un referente en la región Latinoamericana.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (CMDH) que me honro presidir, es una organización de la sociedad civil, fundada en 1988 incluso antes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera institución en el tema en nuestro país, ajena a todo partido político y asociación religiosa.
En este sentido, la CMDH en cumplimiento a sus objetivos institucionales y con el afán de coadyuvar al adecuado funcionamiento de las Instituciones garantes de la vida democrática en México, ha establecido diferentes mecanismos de interlocución, de vigilancia y de trabajo colegiado con éstas.
Muestra de ello es la observación de la Justicia Electoral desde hace más de 20 años, en donde en el proceso electoral federal de 1994, la CMDH se constituyó, por voluntad propia, como un observador de los órganos de procuración y administración de justicia en materia electoral federal.
Dicha actividad la desempeñó bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), convirtiéndose de esta manera en la primera organización de la sociedad civil a nivel mundial que se ha ocupado de esta tarea, reconocido por el PNUD.
Del Informe de la Observación de los Órganos de Procuración y Administración de la Justicia Electoral, presentado por la CMDH al Tribunal Federal Electoral (TRIFE), a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) y a la ONU en noviembre de 1994, destacan entre otras las siguientes propuestas hechas para mejorar el funcionamiento del entonces TRIFE en futuros procesos electorales:
- Sistema de calificación de elecciones presidenciales debe ser estrictamente jurisdiccional y no político, suprimiendo los Colegios Electorales.
- Mayores facultades al TRIFE.
- Incorporar los derechos políticos en el capítulo de las Garantías Individuales de nuestra Constitución.
Las dos primeras propuestas se incorporaron en la reforma constitucional de 1996, dando origen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hoy celebramos.
Es así como la CMDH puso el dedo en la llaga más importante que hacía que en México no existiera democracia, porque aunque ya existía el TRIFE y se le habían dado facultades como organismo autónomo, éste no pertenecía al Poder Judicial y no calificaba la elección más importante de la República, la elección presidencial, ya que la figura del Colegio Electoral que se integraba en la Cámara de Diputados lo hacía.
Hemos dicho que la CMDH ha realizado la observación electoral de la justicia electoral de todas las elecciones de federales a partir de 1994; en 2015 por los nuevos cambios a la ley electoral también hizo la observación electoral de las elecciones estatales que se llevaron a cabo en la misma fecha.
En la actualidad, la CMDH también en su opinión ha querido poner el dedo en la llaga, en lo que considera que es el principal problema que está deteniendo el avance de México a una democracia más plena, esto es la partidocracia, con las siguientes propuestas que forman parte de su informe de la Justicia Electoral entregado en octubre del 2015, diciendo:
El principio de legalidad nuevamente fue vulnerado por los partidos políticos, quienes fueron promotores de la RPE y debieron ser ejemplo para los ciudadanos en el cumplimiento de la ley; sin embargo, fueron los primeros en hacer caso omiso de las mismas.
Sin voluntad política de respetar las reglas y los resultados electorales, difícilmente cualquier reforma podrá ser exitosa y por el contrario seguiremos generando modelos hiper regulatorios poco funcionales que solo derivan en un desgaste económico e institucional.
En este sentido más que seguir creando normas, consideramos necesaria la imposición de sanciones realmente ejemplares que vayan más allá de las multas económicas o amonestaciones públicas, que desafortunadamente no han resultado del todo efectivas para contrarrestar las malas prácticas de los PP, quienes ven en ellas una inversión para lograr el acceso al poder.
Se observó una condescendencia y permisión con los partidos políticos en la aplicación de las multas derivadas de las violaciones (algunas reiteradas y desafiantes) a la ley electoral. Esto opaca los esfuerzos por mantener una democracia sana y transparente, ya que recordemos que las mismas multas o sanciones son disminuciones en las ministraciones de su financiamiento público, algo que desanima al electorado.
La cancelación de registro de un partido político, si bien es cierto que constituye una sanción extrema, está contemplada en nuestra Carta Magna.
La CMDH considera que la actividad de la observación electoral es y seguirá siendo útil para la democracia mexicana, esto gracias a la profesionalización de las personas que han participado como observadores electorales y sus aportaciones. Con dicha actividad se coadyuva al cumplimiento de los principios de legalidad, constitucionalidad, certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, principios rectores del sufragio. Por lo que se hace un llamado a todas las autoridades electorales a reconocer la labor del observador electoral 100% ciudadano y apartidista. Se debe reflexionar sobre esta noble tarea como un pilar en la construcción de una autentica ciudadanía, respetuosa de las instituciones, pero a la vez crítica y propositiva.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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