La inteligencia artificial comenzó a incorporarse en los procesos electorales de América Latina para revisar gastos de campaña, detectar desinformación, monitorear redes sociales e incluso responder consultas ciudadanas, pero su uso podría poner en riesgo la transparencia de las elecciones si no existen controles humanos y reglas claras, advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante un diálogo regional con autoridades electorales de México, Chile y Panamá.
Sonia Domínguez Ramírez América
SEIE 27 julio 2026
El organismo internacional alertó que un error cometido por un sistema de inteligencia artificial puede tener consecuencias directas sobre los derechos políticos de los ciudadanos, desde excluir indebidamente a una persona del padrón electoral hasta señalar falsas irregularidades, vulnerar datos personales o generar desconfianza sobre los resultados de una elección.
Durante el encuentro, en el que participaron representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, el Servicio Electoral de Chile y el Tribunal Electoral de Panamá, se coincidió en que estas tecnologías pueden hacer más eficientes diversas tareas administrativas, pero no deben sustituir las decisiones de las autoridades responsables de organizar los comicios.
Como parte del diálogo, el PNUD presentó una guía elaborada junto con el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, basada en la experiencia acumulada por Naciones Unidas en más de un centenar de procesos electorales alrededor del mundo.
El documento señala que la inteligencia artificial ya puede utilizarse para depurar padrones electorales, detectar registros duplicados, revisar documentación, analizar el financiamiento de campañas, responder preguntas frecuentes de la ciudadanía e identificar amenazas digitales o campañas de desinformación.
Sin embargo, el organismo subrayó que la automatización no debe convertirse en un sustituto del juicio humano, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales como el voto o la elegibilidad de una candidatura.
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma de la Cruz, explicó que México decidió establecer primero un marco de gobernanza para regular el uso de estas herramientas antes de ampliar su aplicación dentro del organismo.
Afirmó que la incorporación de la inteligencia artificial no respondió a una moda tecnológica, sino a la necesidad de garantizar que cualquier sistema respete principios como la certeza, la transparencia, la protección de datos personales, los derechos humanos y el control democrático.
Como parte de esa estrategia, el INE creó cursos obligatorios para capacitar a su personal, mantiene un registro de las herramientas de inteligencia artificial que utiliza y exige que cualquier resultado generado por estos sistemas sea revisado por servidores públicos antes de emplearse en procedimientos oficiales.
En Chile, el Servicio Electoral informó que desde 2020 utiliza sistemas de monitoreo para analizar conversaciones en redes sociales relacionadas con las elecciones, identificar amenazas contra la institución y detectar expresiones de violencia política digital.
El seguimiento permitió identificar que las mujeres candidatas son quienes reciben una parte importante de los ataques en plataformas digitales, por lo que las autoridades chilenas preparan un observatorio especializado para estudiar este fenómeno y generar evidencia que sirva para impulsar nuevas políticas públicas.
Además, ese país analiza incorporar inteligencia artificial en la revisión de gastos de campaña con el objetivo de agilizar el análisis de grandes volúmenes de documentación, aunque las decisiones finales continuarán bajo responsabilidad de funcionarios electorales.
Por su parte, el Tribunal Electoral de Panamá explicó que cuenta con una unidad especializada que monitorea redes sociales para detectar campañas de desinformación, violencia digital y posibles ataques coordinados durante los procesos electorales.
Las autoridades panameñas señalaron que estas herramientas también podrían fortalecer la revisión del financiamiento político, mejorar la seguridad informática y facilitar la atención de consultas ciudadanas, aunque advirtieron sobre el riesgo de que la inteligencia artificial permita una microsegmentación cada vez más precisa de la propaganda política para influir en sectores específicos del electorado.
El PNUD también advirtió que la adopción de estas tecnologías enfrenta obstáculos importantes en la región, entre ellos presupuestos limitados, falta de personal especializado y una fuerte dependencia de proveedores privados cuyos sistemas, en muchos casos, no pueden ser auditados por las autoridades electorales.
A ello se suman los posibles sesgos culturales y lingüísticos presentes en modelos desarrollados fuera de América Latina, así como la brecha digital que todavía existe entre distintos sectores de la población.
Por ello, el organismo internacional recomendó que antes de adquirir cualquier sistema de inteligencia artificial los organismos electorales definan con claridad qué problema buscan resolver y evalúen si esa tecnología realmente representa la mejor alternativa.
La guía concluye que la inteligencia artificial puede fortalecer la organización de las elecciones únicamente cuando se utiliza con transparencia, supervisión humana permanente y mecanismos claros de rendición de cuentas, ya que la confianza ciudadana en los procesos democráticos no puede quedar en manos de un algoritmo.
Luz Tlāltikpakayotl
• Salud
Esperanzas criminales
Las familias que acompañan una adicción suelen atravesar años de miedo, deudas, recaídas y tratamientos interrumpidos. En ese cansancio, una oferta que promete detener el deseo de consumir después de una sola experiencia puede parecer la puerta que nadie había mostrado. La ibogaína ocupa ese lugar en un mercado de clínicas que recibe a mexicanos y extranjeros, especialmente en zonas fronterizas.
La sustancia proviene de una planta utilizada en contextos tradicionales de África central y produce efectos psicoactivos intensos. Algunas personas han descrito una reducción temporal de síntomas de abstinencia o del deseo de consumir opioides. Esos relatos y estudios observacionales han impulsado interés científico. No equivalen, sin embargo, a una certeza de eficacia ni permiten definir por sí solos quién puede recibirla con seguridad.
La pregunta periodística no debe ser si la ibogaína es milagro o fraude en todos los casos. Debe examinar qué se sabe, qué falta por saber, qué riesgos existen y cómo se protege a quien llega vulnerable. La esperanza merece respeto, pero también límites verificables.
Lo que la evidencia todavía no permite afirmar
La investigación clínica sobre ibogaína es menor que la disponible para tratamientos aprobados de dependencia a opioides. Existen series de casos, estudios abiertos y observaciones de seguimiento que sugieren posibles beneficios. Sus diseños suelen carecer de grupos de comparación, incluir muestras pequeñas o realizarse en entornos muy distintos. Eso dificulta separar el efecto de la sustancia del acompañamiento, la selección de pacientes y otras intervenciones.
Tampoco está claro cuánto dura la mejoría. Una reducción inicial de abstinencia puede abrir una oportunidad valiosa, pero la adicción es una condición compleja que involucra salud mental, entorno, vínculos, dolor, empleo y acceso a sustancias. Sin continuidad terapéutica, la persona vuelve al mismo contexto con una tolerancia que puede haber cambiado, lo que eleva riesgos si retoma el consumo.
Investigar no es prohibir pensar en nuevas opciones. Es reconocer que una hipótesis prometedora debe someterse a ensayos, vigilancia y revisión independiente. Presentar testimonios como si fueran resultados universales adelanta una conclusión que la ciencia todavía no tiene.
El corazón es una advertencia central
La ibogaína puede alterar la conducción eléctrica del corazón y prolongar el intervalo QT, una medida asociada con arritmias peligrosas. El riesgo puede aumentar por enfermedades previas, alteraciones de electrolitos, consumo reciente de sustancias y combinaciones con medicamentos. También se han documentado eventos graves y muertes temporalmente asociadas con su administración.
Por eso una evaluación responsable no puede reducirse a un electrocardiograma tomado al llegar. Requiere historia clínica completa, análisis de laboratorio, revisión de medicamentos, tiempo suficiente desde el último consumo y capacidad de monitorización continua. La clínica debe contar con personal entrenado y una ruta inmediata hacia un hospital capaz de atender una arritmia o una complicación respiratoria.
La frase supervisión médica puede ocultar realidades muy distintas. Una persona con bata dentro del edificio no garantiza protocolos, equipo, licencia ni experiencia. La familia tiene derecho a conocer nombres y cédulas del equipo, responsabilidades, registros del establecimiento y plan de emergencia.
Una experiencia intensa no sustituye el cuidado
Los efectos pueden durar muchas horas e incluir vómito, falta de coordinación, confusión y experiencias psicológicas difíciles. La persona necesita vigilancia física y apoyo emocional sin coerción. En alguien con antecedentes de psicosis, manía, trauma o riesgo suicida, la evaluación psiquiátrica resulta indispensable.
También importa la forma en que la clínica interpreta lo vivido. Atribuir un significado obligatorio, presionar para revelar recuerdos o presentar una reacción adversa como resistencia espiritual puede producir daño. El acompañamiento debe respetar la libertad y evitar que el paciente dependa de la autoridad del facilitador.
Un tratamiento serio prepara antes y continúa después. Incluye prevención de sobredosis, atención de enfermedades, psicoterapia cuando está indicada, apoyo familiar, vivienda, empleo y, en el caso de opioides, información sobre medicamentos con evidencia. La ibogaína, aun si en el futuro demuestra utilidad para determinados pacientes, no puede cargar sola con todas esas funciones.
El mercado cruza fronteras
México se ha convertido en destino porque la sustancia está prohibida o no aprobada para tratamiento en otros países. Esa diferencia regulatoria atrae inversión y pacientes, pero también crea zonas grises. Clínicas con niveles muy distintos de capacidad pueden anunciarse mediante redes, documentales o figuras públicas.
Los precios reportados van de miles a decenas de miles de dólares. El costo no demuestra calidad. Una estancia lujosa puede carecer de respaldo hospitalario; una página con lenguaje científico puede citar estudios que no prueban lo prometido. Las reseñas en internet tienden a mostrar a quien sobrevivió y quiso contar, no a quien tuvo una complicación o no recibió beneficio.
La autoridad sanitaria debe informar con claridad qué autorizaciones requiere un establecimiento, qué puede anunciar y cómo reporta eventos adversos. También debería publicar resultados de verificaciones sin revelar datos de pacientes. La ausencia de una regla específica no elimina las obligaciones generales sobre prestación de servicios, publicidad, expediente clínico y seguridad.
Preguntas antes de firmar o pagar
Una familia puede comenzar por pedir la licencia o aviso de funcionamiento, nombres y cédulas del personal, protocolo de selección, estudios requeridos, criterios de exclusión y hospital de referencia. Debe preguntar quién permanecerá junto al paciente, qué monitorización se utilizará y qué ocurrirá si necesita traslado.
El consentimiento informado tiene que explicar riesgos, beneficios inciertos, alternativas y posibilidad de retirarse. No debería incluir promesas de curación ni cláusulas destinadas a borrar toda responsabilidad. También conviene conocer la política de reembolso si la evaluación médica concluye que el tratamiento no es seguro.
Después viene el seguimiento. ¿Quién atenderá durante la primera semana? ¿Existe un plan de prevención de recaída y sobredosis? ¿Se coordinarán con el médico habitual? ¿La familia recibirá orientación sin invadir la confidencialidad? Si las respuestas son vagas, la clínica está vendiendo una experiencia y no una continuidad de cuidado.
Esperanza con verdad
La desesperación puede empujar a aceptar riesgos que en otro momento se considerarían inaceptables. Las clínicas tienen una obligación especial de no aprovechar esa vulnerabilidad. No basta con que el paciente firme; el consentimiento sólo es libre cuando entiende, dispone de alternativas y no recibe una promesa inflada.
México necesita investigación rigurosa y regulación capaz de distinguir experimentación, tratamiento y publicidad. También necesita ampliar las opciones con evidencia para que ninguna familia sienta que la única salida se encuentra en una intervención costosa y poco clara. El acceso a salud mental, medicamentos, reducción de daños y recuperación comunitaria forma parte del mismo problema.
La ibogaína puede seguir siendo objeto legítimo de estudio. Lo que no debería aceptarse es convertir una pregunta científica en certeza comercial. Quien enfrenta una adicción merece innovación, pero sobre todo merece verdad, seguridad y acompañamiento suficiente para volver a construir una vida después de la sesión.
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¿Justicia o montaje? Las 3 violaciones graves en la captura de "El Mayo"
Cinthia López Morales
La FGR denuncia irregularidades del FBI en la captura de Ismael Zambada, alertando violaciones a la soberanía. El error en la extradición del piloto y el montaje del caso Cuén intensifican la crisis.
Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Social
La infancia enchufada
La infancia que no se desconecta
La mesa familiar se volvió una escena extraña. Están todos, pero no todos están. La niña mira videos. El hermano juega. El papá revisa mensajes. La mamá contesta un pendiente. La comida avanza, los platos se vacían y casi nadie recuerda qué dijo el otro. No hay gritos. No hay drama visible. Solo una forma silenciosa de ausencia: la presencia física sin encuentro.
México no está frente a una generación que simplemente “usa mucho el celular”. Está frente a una infancia que crece en un ambiente donde la atención, el juego, la autoestima, el deseo, la información y hasta la pertenencia pasan por plataformas digitales. La pantalla dejó de ser un aparato sobre la mesa. Se volvió habitación, patio, maestro, espejo, entretenimiento y, demasiadas veces, compañía.
El dato que obliga a mirar
La investigación base para esta serie recoge un dato que debería encender una conversación nacional: de acuerdo con la ENCCA 2024 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en hogares donde habitan niñas, niños y adolescentes, el teléfono celular aparece prácticamente universalizado. Entre quienes cuentan con celular, el smartphone domina: 97 por ciento en hogares urbanos y 90 por ciento en rurales. No hablamos de una minoría ni de una moda pasajera. Hablamos del nuevo paisaje cotidiano de la infancia mexicana.
El cambio no se limita al dispositivo. También cambió el tipo de contenido que acompaña la formación cultural. Entre niñas, niños y adolescentes urbanos, 73 por ciento consume contenidos por internet; entre los rurales, 69 por ciento. Los urbanos ven en promedio 3.3 horas diarias y los rurales 2.7. Una parte considerable de ese consumo ocurre sin compañía adulta: 30 por ciento en zonas urbanas y 38 por ciento en rurales los ven a solas. Esa soledad frente a la pantalla es el dato humano detrás de la cifra.
El problema no es que un niño vea un video, aprenda con una aplicación o use internet para investigar. La tecnología puede abrir mundos. Puede acercar clases, idiomas, música, ciencia, amigos lejanos y oportunidades que antes eran impensables. El punto delicado es otro: ¿qué pasa cuando la pantalla deja de ser herramienta y se convierte en entorno formativo permanente? ¿Qué pasa cuando el niño aprende a esperar estímulo inmediato, respuesta rápida, premio visual y atención fragmentada?
La pregunta no es solo tecnológica
Durante años, la discusión pública se quedó atrapada en una pregunta pobre: “¿cuántas horas de pantalla son demasiadas?”. La pregunta importa, pero no alcanza. También hay que preguntar qué ve el menor, con quién lo ve, a qué hora, con qué estado emocional, qué deja de hacer por verlo, qué conversa después y qué adultos lo ayudan a procesar lo que recibió. Dos niños pueden pasar la misma hora conectados y vivir experiencias completamente distintas: uno acompañado, otro abandonado; uno aprendiendo, otro absorbiendo miedo, comparación o ansiedad.
La infancia necesita experiencias que no se descargan de una tienda digital: conversación familiar real, juego físico, frustración moderada, silencio, lectura, deporte, pertenencia, límites y corrección. Necesita ser mirada, no solamente vigilada. Necesita adultos que sepan decir “sí”, “no” y “vamos a hablar de esto”. Cuando esas experiencias se debilitan, la pantalla no solo entretiene: ocupa un vacío.
Aquí aparece una responsabilidad que no puede cargarse solo a las familias. Claro que los padres son insustituibles. Pero muchas familias están enfrentando un ecosistema diseñado con más dinero, más psicología conductual y más capacidad de retención que la que puede tener una madre agotada después de trabajar todo el día. Las plataformas no son pizarrones neutrales. Compiten por atención. Aprenden de cada clic. Recomiendan, empujan, retienen. Eso obliga a hablar de corresponsabilidad.
La responsabilidad no es individual
La escuela tampoco puede mirar hacia otro lado. No basta con prohibir celulares en el reglamento si no se educa la voluntad, la convivencia digital, la privacidad, la paciencia y el pensamiento crítico. Un estudiante que deja el celular en la mochila puede seguir viviendo mentalmente dentro de la lógica de la pantalla: comparación, recompensa, ansiedad por respuesta, miedo a quedar fuera, necesidad de mostrarse. La educación digital no empieza con una app; empieza con carácter.
Tampoco sirve el tono apocalíptico. Decir que “los celulares están destruyendo a los jóvenes” puede sonar fuerte, pero empobrece el problema. Muchos niños usan tecnología para aprender, crear, comunicarse y pedir ayuda. La cuestión es formar criterio para que la tecnología sirva a la persona, y no al revés. Una infancia libre no es una infancia desconectada por decreto; es una infancia capaz de conectar sin perderse.
Una salida posible
El país necesita una conversación serena y firme. En casa: horarios, zonas libres de pantallas, cenas sin teléfono, dispositivos fuera del cuarto por la noche y adultos que prediquen con el ejemplo. En la escuela: ciudadanía digital, protocolos, lectura profunda, deporte y diálogo. En el Estado: protección de datos, regulación de publicidad dirigida a menores y exigencia de transparencia a plataformas. En las empresas: diseño responsable, no captura emocional de niños. En la comunidad: espacios donde los menores vuelvan a sentirse vistos.
También conviene mirar la vida adulta que rodea a los niños. Muchos menores no llegaron a la pantalla por capricho, sino porque los adultos vivimos acelerados, cansados y absorbidos por nuestras propias pantallas. No habrá cambio real si la conversación se plantea como regaño a los hijos mientras los adultos contestamos mensajes durante la comida, revisamos redes en el semáforo y llevamos el teléfono hasta la cama. La autoridad empieza por coherencia.
Un criterio práctico podría ser sencillo: todo uso de pantalla en la infancia debería preguntarse qué capacidad humana fortalece o qué experiencia humana está desplazando. Si ayuda a aprender, crear, hablar con un familiar lejano o resolver una tarea, puede tener sentido. Si sustituye sistemáticamente el aburrimiento, el juego, la conversación, el sueño o la lectura, entonces ya no es herramienta; es reemplazo. Y una infancia llena de reemplazos llega a la adolescencia con poca musculatura interior.
La pregunta final no es tecnológica. Es profundamente humana: ¿quién educa cuando todos están conectados, pero nadie se mira? Si la respuesta queda en manos del algoritmo, habremos renunciado a una de las tareas más serias de cualquier sociedad: formar personas capaces de atención, libertad, vínculo y sentido.
Fuentes base: ENCCA 2024 del IFT; ENDUTIH; UNICEF México; investigación base Yo Influyo sobre infancia conectada.
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Luz Tlāltikpakayotl
• Mundo
Crímenes contra la humanidad en Venezuela
Hay países donde la justicia llega como llega una carta después del duelo: tarde, doblada, incompleta, pero necesaria. Para muchas familias venezolanas, cada fecha judicial que se fija fuera de su país tiene algo de eso. No borra cárceles, exilios, miedo ni nombres ausentes. Pero rompe una costumbre peligrosa: la idea de que el poder puede hacer cualquier cosa y después pedir que todos sigan como si nada.
La investigación base plantea que tribunales y organismos jurisdiccionales internacionales han empezado a ordenar la agenda procesal de expedientes vinculados con violaciones de derechos humanos e institucionales atribuidas a la cúpula gubernamental venezolana. Esa frase suena técnica, pero detrás hay algo más sencillo: expedientes que pasan de la denuncia a un calendario, de la indignación a pruebas, de la memoria familiar a una mesa donde alguien tendrá que responder.
La Corte Penal Internacional mantiene abierta la investigación conocida como Venezuela I, relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. En marzo de 2026, la Fiscalía de la CPI cerró Venezuela II —la ruta promovida por el propio Estado venezolano contra las sanciones de Estados Unidos—, pero dejó claro que esa decisión no afectaba la investigación principal sobre presuntos abusos de fuerzas estatales. Ese matiz importa. No todo expediente es lo mismo. No toda narrativa política equivale a justicia.
Además, reportes periodísticos recientes han colocado sobre la mesa otro frente judicial: el proceso en una corte federal de Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, con fecha de juicio propuesta para el 1 de junio de 2027 y discusiones previas sobre inmunidad y legalidad del procedimiento. Es un caso distinto al de la CPI, con otra naturaleza y otros riesgos, pero muestra el mismo fondo: Venezuela dejó de ser solo un conflicto interno. La comunidad internacional ya no puede fingir que se trata de pleitos domésticos sin consecuencias humanas.
El peligro, sin embargo, es celebrar el calendario como si fuera sentencia. Una fecha judicial no es reparación. Un expediente no es consuelo. Una audiencia no sustituye la verdad que necesita una madre que no sabe por qué se llevaron a su hijo, ni la calma de un joven que salió del país porque opinar se volvió peligroso. La justicia internacional tiene una fuerza simbólica enorme, pero también una lentitud que desespera. Y cuando tarda demasiado, la víctima puede sentir que la están escuchando en idioma extranjero.
Quién queda en medio
Por eso este tema debe contarse desde abajo. No desde la geopolítica de salón, sino desde la diáspora que trabaja en Lima, Madrid, Miami, Ciudad de México o Bogotá; desde el preso político que sale con miedo de hablar; desde la familia que aprendió nombres de organismos internacionales porque la justicia local se cerró. El exilio venezolano no es una estadística caminando. Es una red de familias partidas, títulos profesionales suspendidos, padres envejecidos lejos de sus hijos y jóvenes que aprendieron a empezar de cero antes de tiempo.
La ONU y organizaciones de derechos humanos han documentado durante años denuncias de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, persecución política y violencia posterior a elecciones. Human Rights Watch, en su informe 2026, volvió a describir un país marcado por represión postelectoral, detenciones de críticos y una cifra de millones de venezolanos fuera de su territorio desde 2014. No hace falta exagerar para dimensionar el daño. Basta leer despacio.
También hay que cuidar otro extremo: que la sed legítima de justicia lleve a pedir atajos. Si un proceso internacional quiere ser realmente justo, debe probar, escuchar, contrastar, permitir defensa y evitar que la sanción se vuelva venganza. La impunidad destruye a las víctimas, pero un juicio sin garantías destruye la autoridad moral de la justicia. Ahí está la prueba más difícil: castigar abusos de poder sin copiar sus métodos.
Qué sí puede hacerse
El bien común, en este caso, no significa una frase bonita. Significa tres cosas muy concretas. Primero, que ninguna autoridad pueda esconderse detrás del cargo para perseguir o violentar. Segundo, que las víctimas tengan lugar real en el proceso y no solo aparezcan como número en un informe. Tercero, que una sociedad rota pueda algún día reconciliarse sobre verdad, responsabilidades y garantías de no repetición, no sobre silencio impuesto.
México debería mirar este caso con seriedad. No solo por cercanía regional o por la presencia de migrantes venezolanos, sino porque América Latina sabe demasiado bien lo que ocurre cuando las instituciones se doblan ante el poder. La defensa de derechos humanos en otro país no es intervención sentimental; es memoria histórica compartida. Lo que se tolera lejos acaba normalizándose cerca.
Las soluciones no serán rápidas. La CPI no funciona al ritmo de la indignación pública. Los juicios federales extranjeros tienen reglas propias. Las negociaciones políticas pueden contaminar expectativas. Pero aun así, poner fechas, ordenar pruebas y mantener expedientes vivos tiene valor. Mantiene abierta una puerta que muchos gobiernos quisieran clausurar: la puerta de la responsabilidad individual.
La cobertura periodística debería evitar dos vicios. Uno, usar el caso para confirmar bandos políticos sin escuchar víctimas. Otro, convertir el derecho internacional en espectáculo. Las audiencias, los escritos y los plazos no son una serie de televisión; son el intento imperfecto de ordenar una tragedia. Por eso conviene explicar cada etapa con calma: qué se investiga, qué tribunal interviene, qué puede probarse y qué no, qué derechos conserva la defensa y qué lugar ocupan las víctimas.
También es importante mirar a la región. Si América Latina deja sola a Venezuela, manda el mensaje de que la democracia es asunto de cada gobierno y no de los pueblos que sufren cuando esa democracia se vacía. La presión diplomática no debe buscar humillar a una nación, sino impedir que el abuso se vuelva normal. La solidaridad verdadera no grita desde lejos; acompaña procesos, sostiene memoria y exige reglas iguales para todos.
La pregunta final no es si la justicia internacional podrá arreglar Venezuela. No podrá hacerlo sola. La pregunta es si será capaz de enviar un mensaje firme a las víctimas y a los gobernantes de la región: el poder no convierte el abuso en derecho. Y aunque tarde, aunque sea imperfecta, aunque no alcance a todo, una justicia seria puede impedir que la mentira sea la última palabra.
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¿Es el futbol el mayor generador de basura en México o nuestro nuevo motor de cambio ambiental?
Cinthia López Morales
México transforma el fútbol en motor ecológico mediante estadios cero residuos, leyes contra plásticos y aficiones ejemplares que limpian espacios públicos, demostrando que la pasión deportiva impulsa la responsabilidad social ciudadana.
Luz Tlāltikpakayotl
• Salud
El sarampión amenaza
La vacunación suele organizarse alrededor de un domicilio: un centro de salud cercano, una cartilla guardada en casa y una fecha para volver. Esa lógica funciona mejor cuando la familia permanece en la misma colonia. Para miles de trabajadores agrícolas, la vida tiene otro calendario. Se trasladan de una cosecha a otra, cambian de municipio o estado y viven temporalmente en albergues, cuartos rentados o viviendas proporcionadas por el empleador.
Durante el brote de sarampión que se extendió por México en 2025 y 2026, autoridades y especialistas señalaron la movilidad de jornaleros como uno de los desafíos para completar esquemas. En Jalisco, grupos vacunados podían abandonar una zona al terminar el contrato y ser sustituidos por otros recién llegados. El problema no es la movilidad en sí. Es un servicio que no logra reconocerla y acompañarla.
Presentar a una población móvil como amenaza epidemiológica reproduce un daño antiguo. Los jornaleros no llevan una enfermedad por su oficio o procedencia. Enfrentan mayor exposición cuando hay hacinamiento, transporte compartido, jornadas extensas, información insuficiente y dificultades para acudir a una unidad. La respuesta responsable elimina barreras y evita convertir a quien necesita protección en objeto de sospecha.
El sarampión aprovecha cada oportunidad
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. La protección comunitaria requiere coberturas muy altas con las dosis indicadas para cada edad y situación epidemiológica. Cuando se acumulan personas sin esquema completo, el virus encuentra cadenas de transmisión. Una sola dosis registrada sin seguimiento puede dejar una brecha que no siempre resulta visible.
Las cifras del brote cambiaron semana a semana durante 2026, por lo que cualquier nota debe señalar fecha de corte y fuente. Más importante que repetir un total es comprender el patrón: la transmisión alcanzó distintos estados y afectó especialmente a personas no vacunadas o con esquema desconocido. La movilidad nacional e internacional aceleró la dispersión, pero las coberturas incompletas permitieron que se sostuviera.
La vacuna no falla porque una familia se muda. Falla la continuidad cuando el registro no puede consultarse, la brigada llega después de la cosecha o la segunda dosis se programa en un lugar donde la persona ya no estará. El diseño debe partir de trayectorias reales, no pedir a la realidad que se adapte al archivo.
Trabajo, vivienda y salud forman una sola cadena
Una campaña que instala un módulo lejos del campo puede anunciar disponibilidad y seguir siendo inaccesible. El trabajador tendría que pedir permiso, perder parte del jornal, pagar transporte y esperar. Si teme que el patrón lo reemplace, acudirá sólo cuando el malestar sea grave. Para una madre o padre con niños pequeños, la logística se multiplica.
Los alojamientos también importan. Dormitorios compartidos, baños insuficientes y traslados colectivos facilitan contagios de distintas enfermedades. La vigilancia sanitaria no debería limitarse a revisar documentos. Debe evaluar agua, ventilación, espacio, transporte, atención médica y posibilidad de aislamiento digno sin perder el ingreso.
El empleador no sustituye al sistema de salud, pero tampoco puede declararse ajeno. Se beneficia de una fuerza de trabajo móvil y debe facilitar horarios, transporte, espacios para brigadas, información en lengua comprensible y atención de riesgos. La autoridad laboral y sanitaria necesita inspeccionar sin provocar represalias contra quienes informan fallas.
Un registro que viaje sin vigilar a la persona
La continuidad requiere una cartilla física clara y un registro digital interoperable. Si una persona recibe una dosis en Chihuahua y la siguiente corresponde en Jalisco, el personal debería confirmar el antecedente sin obligarla a regresar, repetir trámites o depender de una fotografía borrosa. El registro también debe permitir corregir errores.
Portabilidad no significa vigilancia ilimitada. Los datos de salud son sensibles. El sistema debe guardar sólo lo necesario, definir quién puede consultarlo y registrar cada acceso. Un empleador puede saber que existe una campaña y facilitarla; no necesita conocer diagnósticos individuales ni utilizar el estado de vacunación para discriminar.
También se requiere una alternativa cuando no hay documento. La ausencia de cartilla no debe cerrar la puerta. El personal debe aplicar lineamientos clínicos y epidemiológicos vigentes, explicar el esquema y entregar una nueva constancia. La persona no es responsable de que distintas instituciones no compartan información.
Brigadas que sigan la ruta agrícola
Una estrategia móvil puede planearse con calendarios de cosecha, padrones laborales protegidos, albergues y puntos de transporte. No se trata de improvisar visitas ocasionales, sino de establecer circuitos regionales con equipos, refrigeración, personal, traducción, seguimiento y coordinación entre estados.
Las brigadas deben atender a trabajadores y familias, incluidas niñas y niños que viajan con ellos. Vacunar en el lugar de trabajo puede facilitar el acceso, pero el consentimiento necesita ser libre. La presencia del patrón o de supervisores no debe convertir una decisión de salud en obligación laboral ni exponer a quien plantea dudas.
La comunicación funciona mejor cuando parte de preguntas reales: qué reacción puede presentarse, por qué se necesitan dos dosis, qué hacer si no se recuerda un antecedente, dónde continuar el esquema y cómo identificar síntomas. Regañar o ridiculizar la desconfianza suele cerrarla. Promotores de la propia comunidad, personal bilingüe y conversaciones cara a cara pueden construir una confianza que un cartel no logra.
La escuela también puede perder el rastro
Los hijos de familias jornaleras enfrentan interrupciones escolares y sanitarias al mismo tiempo. Un plantel puede pedir cartilla, pero no saber cómo canalizar a la familia. Otro puede negar el acceso de manera informal, lo que aumenta la invisibilidad. Educación y salud necesitan protocolos conjuntos que protejan a toda la comunidad sin expulsar al niño.
La escuela puede identificar esquemas pendientes, avisar de campañas y compartir información comprensible. No debe exhibir el estado de salud de un alumno ni permitir estigmas. Durante un brote, las medidas temporales deben basarse en criterios sanitarios, comunicar duración y asegurar alternativas educativas cuando alguien deba permanecer en casa.
La continuidad escolar y de vacunación son parte de la misma dignidad. Una familia que se mueve por trabajo no debería empezar desde cero en cada estado. Expedientes transferibles, calendarios coordinados y enlaces regionales pueden evitar que la movilidad se convierta en pérdida de derechos.
Qué debe cambiar antes del siguiente brote
Primero, las autoridades deben publicar coberturas y casos por territorio con fecha de corte, sin identificar personas ni culpar comunidades. Segundo, los estados receptores y expulsores de jornaleros necesitan convenios operativos, no sólo reuniones. Tercero, las inspecciones laborales deben incluir acceso efectivo a salud y condiciones de alojamiento.
Cuarto, el presupuesto de vacunación debe contemplar movilidad, traducción y seguimiento. Una dosis aplicada lejos de la siguiente requiere más coordinación, no menos. Quinto, empleadores y cadenas comerciales pueden asumir obligaciones verificables sobre transporte, horarios y espacios, sin apropiarse de los datos clínicos.
La cosecha cambia de lugar y la familia la sigue porque de ese trabajo depende su ingreso. El sistema de salud conoce esa realidad desde hace años. El brote de sarampión mostró el costo de ignorarla. La protección eficaz no espera a que el jornalero vuelva; aprende su ruta y llega antes que el virus.
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