La cobertura mundial de vacunación infantil registró una ligera recuperación durante 2025, aunque todavía no logra volver a los niveles previos a la pandemia de COVID-19, advirtieron la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Pese al avance, millones de menores continúan sin recibir vacunas esenciales y persiste el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles, particularmente de sarampión.
Sonia Domínguez Ramírez
SEIE 28 julio 2026
Las más recientes Estimaciones de la Cobertura Nacional de Inmunización indican que el 90 por ciento de los lactantes, alrededor de 116 millones de niños, recibió al menos una dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), mientras que el 85 por ciento, equivalente a 110 millones, completó el esquema de tres dosis.
Aunque ambos indicadores aumentaron un punto porcentual respecto a 2024, la cobertura mundial permanece un punto por debajo de los niveles registrados en 2019 y prácticamente no ha mostrado avances significativos durante la última década.
El informe destaca que el número de niños que no recibió ninguna vacuna durante su primer año de vida disminuyó a 13.5 millones, unos 750 mil menos que el año anterior. Sin embargo, las agencias de Naciones Unidas alertaron sobre un problema creciente: cada vez más menores comienzan su esquema de vacunación, pero lo abandonan antes de completarlo.
Se estima que 7.3 millones de lactantes recibieron la primera dosis de la vacuna DTP, pero no llegaron a aplicarse la primera dosis contra el sarampión, una enfermedad cuya cobertura mundial continúa lejos del 95 por ciento necesario para evitar brotes.
Como consecuencia, 57 países notificaron brotes importantes de sarampión durante 2025.
La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, reconoció que los gobiernos y el personal sanitario lograron recuperar parte de la cobertura perdida durante la pandemia, pero advirtió que millones de niños siguen sin protección debido a los conflictos armados, los desplazamientos forzados y la pobreza.
Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que la vacunación continúa siendo una de las intervenciones de salud pública más eficaces y rentables para prevenir enfermedades y salvar vidas, por lo que llamó a reforzar los programas de inmunización y combatir la desinformación sobre las vacunas.
En la región de las Américas, las coberturas de vacunación infantil lograron recuperarse hasta superar los niveles previos a la pandemia. No obstante, la protección contra el sarampión volvió a disminuir y permanece muy por debajo del umbral recomendado para impedir nuevos brotes.
En México, la vacunación también se mantiene como una prioridad sanitaria. Durante la Semana Nacional de Vacunación 2026, la Secretaría de Salud reforzó la aplicación gratuita de biológicos para niñas, niños, adolescentes, adultos y grupos vulnerables con el objetivo de recuperar las coberturas afectadas durante los últimos años.
Sin embargo, especialistas advierten que el país aún enfrenta el reto de recuperar los esquemas completos de vacunación infantil. Las estimaciones difundidas por la OMS y UNICEF indican que México todavía no restablece plenamente las coberturas previas a la pandemia, especialmente en la vacuna contra el sarampión.
El panorama cobró mayor relevancia por el brote de sarampión registrado este año en el país, situación que llevó a las autoridades sanitarias a intensificar las campañas de inmunización y a exhortar a padres y madres de familia a revisar las cartillas de vacunación para completar los esquemas pendientes.
La OMS y UNICEF concluyeron que, pese a la recuperación observada después de la pandemia, la reducción del financiamiento internacional para la salud, los conflictos, la desinformación y las fallas en los sistemas de vigilancia amenazan con frenar los avances alcanzados. Por ello, insistieron en fortalecer los programas nacionales de inmunización para cumplir las metas de la Agenda de Inmunización 2030.
Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Social
La pantalla, niñera criminal
Niños solos frente al algoritmo
Hay una frase que se escucha en muchas casas mexicanas: “déjalo, está viendo videos”. A veces se dice por cansancio. A veces por necesidad. A veces porque el celular permite cocinar, trabajar, contestar un mensaje o simplemente respirar cinco minutos. Nadie debería juzgar con ligereza a una familia que está agotada. Pero tampoco podemos cerrar los ojos: cuando un niño queda solo frente a internet, no queda realmente solo. Queda frente a un sistema que observa, predice y recomienda.
El problema más grave no es que los menores vean contenidos digitales. El problema es que los vean sin mediación adulta. La investigación base señala que 30 por ciento de niñas, niños y adolescentes urbanos y 38 por ciento de rurales ven contenidos por internet a solas. Ese dato cambia la conversación. Ya no hablamos únicamente de acceso. Hablamos de infancia expuesta a un mundo adulto antes de tener lenguaje, madurez emocional y criterio para procesarlo.
El dato que obliga a mirar
El algoritmo no es una niñera. No cuida, no conoce la historia del niño, no entiende su sensibilidad, no distingue su herida familiar ni su momento de desarrollo. Su objetivo central no es formar, sino mantener atención. Si un contenido retiene, se recomienda. Si provoca miedo, risa, enojo, deseo o curiosidad, puede escalar. Para un adulto eso ya es problemático. Para un menor, puede ser formativo en el peor sentido: le enseña a mirar el mundo desde estímulos que no entiende del todo.
Un niño puede aprender sobre violencia, dinero, cuerpo, éxito, burla, sexualidad, consumo o miedo antes de que sus padres sepan siquiera qué vio. Puede descubrir videos que ridiculizan a otros, retos peligrosos, bromas crueles, discursos de odio, publicidad encubierta o modelos de belleza imposibles. También puede recibir contenidos aparentemente inofensivos que, acumulados durante horas, moldean su atención, su paciencia y su manera de desear.
Acompañar no significa sentarse a censurar cada segundo. Significa crear una cultura familiar donde internet se conversa. ¿Qué viste? ¿Te dio miedo? ¿Eso que viste es real? ¿Por qué crees que te salió ese video? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué harías si alguien te escribiera? ¿Qué datos nunca debes compartir? Estas preguntas educan más que muchos regaños. Abren una puerta que el algoritmo intenta cerrar: la puerta del juicio personal.
La pregunta no es solo tecnológica
La investigación propone evitar dos extremos. El primero es la vigilancia paranoica, que rompe confianza y convierte toda pantalla en campo de batalla. El segundo es la permisividad ingenua, que deja al menor solo porque “así son los niños de ahora”. Ninguno forma libertad. La libertad se aprende con límites razonables, conversación frecuente y presencia adulta. No se improvisa a los 15 años cuando ya hay aislamiento, ansiedad o dependencia digital.
En muchas familias, además, hay una brecha de conocimiento. Los hijos manejan mejor la interfaz, pero los adultos deberían manejar mejor la vida. Que un niño sepa desbloquear un dispositivo no significa que sepa protegerse. Que un adolescente sepa editar un video no significa que entienda la presión de exponerse. Que use palabras digitales nuevas no significa que tenga criterio para reconocer manipulación, engaño o abuso. La autoridad adulta no depende de saber más trucos tecnológicos; depende de acompañar con más experiencia humana.
La escuela tiene un papel enorme. No basta con enseñar a usar plataformas educativas. Hay que enseñar ciudadanía digital: privacidad, huella, respeto, verificación, consentimiento, límites, denuncia y reparación. También hay que formar a docentes para detectar señales: cambios bruscos de ánimo, retraimiento, cansancio, miedo a revisar el celular, conflictos que empiezan en chats y terminan en el aula. El acoso digital, la exposición a contenidos dañinos y la presión de grupo no respetan la reja del plantel.
La responsabilidad no es individual
Las plataformas, por su parte, no pueden seguir presentándose como simples intermediarias. Quien diseña sistemas de recomendación para menores tiene responsabilidad sobre lo que esos sistemas empujan. La protección infantil no puede depender solo de que un padre encuentre escondida una configuración de privacidad. Debe estar en el diseño: límites por edad, transparencia, reportes comprensibles, control parental sencillo, eliminación rápida de contenidos abusivos y prohibición efectiva de prácticas que explotan vulnerabilidades.
También hay que hablar de desigualdad. En hogares con menos tiempo, menos apoyo o más presión económica, la pantalla puede convertirse en cuidadora de emergencia. Por eso la respuesta no puede ser “que los papás se organicen mejor” y ya. Se necesitan escuelas abiertas a actividades después de clase, deporte accesible, bibliotecas vivas, espacios comunitarios, apoyo psicológico, redes vecinales y horarios laborales que permitan a los adultos estar presentes. La infancia digital no se corrige solo con consejos; se corrige con comunidad.
Una salida posible
Acompañar tampoco significa negar la autonomía progresiva. Un niño pequeño requiere supervisión directa. Un adolescente necesita conversación, acuerdos, consecuencias y confianza gradual. Lo que no puede haber es abandono disfrazado de modernidad. Tener un celular en la mano no convierte a un menor en adulto. Muchas veces lo deja más expuesto precisamente porque parece que sabe moverse en un mundo que en realidad no fue diseñado para cuidarlo.
La mediación adulta no requiere saberlo todo. Requiere estar cerca. Un padre puede no entender cada plataforma, pero sí puede notar si su hijo termina más inquieto, más triste o más irritable después de usarla. Puede preguntar por nombres de creadores, por retos, por juegos, por chats. Puede sentarse diez minutos a mirar junto con el menor. Esa presencia cambia la experiencia: le recuerda al niño que internet no es un territorio sin adultos ni consecuencias.
También es urgente enseñar a los menores una regla básica: si algo en línea les da miedo, vergüenza o confusión, no deben quedarse solos. Muchos niños callan porque creen que los van a regañar o les van a quitar el dispositivo. Por eso el primer mensaje adulto tendría que ser: si algo te incomoda, ven conmigo; no estás en problemas por pedir ayuda. Esa frase puede prevenir daños enormes.
La salida editorial es clara: acompañamiento familiar, no vigilancia paranoica. Presencia, no control obsesivo. Límites, no miedo. Conversación, no sermón. La pregunta que cada familia, escuela y plataforma debería hacerse es sencilla: ¿estamos ayudando a que los menores aprendan a mirar, elegir y detenerse, o solo les estamos entregando la infancia al sistema que mejor sepa retenerlos?
Fuentes base: ENCCA 2024 del IFT; MOCIBA 2024 de INEGI; UNICEF México; investigación base Yo Influyo.
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¿Líbano es un país soberano o el tablero de ajedrez de otros?
Cinthia López Morales
Líbano enfrenta una crisis total, convertido en moneda de cambio entre potencias regionales. La expulsión del embajador iraní revela una fractura interna profunda mientras el pueblo sufre desplazamientos y pobreza extrema.
Luz Tlāltikpakayotl
• Educación
Fraudes en la UNAM
Para un joven que quiere entrar a la UNAM, el examen no es un trámite. Es una mañana que se prepara durante meses, una familia que ajusta gastos, una mamá que no duerme, un papá que pregunta si ya imprimió la cita, un estudiante que siente que ahí se juega algo más que una calificación. Por eso, cuando el resultado parece extraño, la duda no se queda en la pantalla. Se mete a la casa.
La investigación base habla de una crisis de certidumbre en el proceso de admisión a licenciatura 2026-2027, marcada por incrementos atípicos en puntajes, protestas de aspirantes no seleccionados, denuncias sobre posibles filtraciones o uso indebido de herramientas digitales, y la decisión del rector Leonardo Lomelí Vanegas de integrar una comisión técnica de revisión. La UNAM, en un comunicado del 21 de julio de 2026, confirmó que el rector instruyó elaborar un informe detallado sobre el proceso y conformar una comisión de especialistas universitarios para revisar datos, procedimiento y resultados.
La universidad también informó que atiende a aspirantes no seleccionados que solicitaron revisión, así como a quienes tuvieron cancelada su participación. Ese punto es delicado. Cancelar una prueba puede ser necesario cuando hay evidencia de irregularidad, pero también exige transparencia absoluta: qué conducta se detectó, con qué evidencia, mediante qué protocolo y cómo puede defenderse el aspirante. En un examen masivo, la autoridad académica no puede pedir confianza ciega; tiene que ganarla con método.
El proceso fue digital. El cronograma oficial de la DGAE indica que el examen de selección en línea se aplicó del 23 de mayo al 10 de junio de 2026 y que los resultados se publicaron el 17 de julio. Reportes periodísticos previos señalaron que la UNAM contrató a Territorium Life para operar plataforma tecnológica y supervisión remota, con un monto cercano a 40.7 millones de pesos para al menos 154 mil exámenes. Esa cifra debe revisarse en documentos contractuales, pero coloca una pregunta pública inevitable: cuando una universidad externaliza una parte crítica de su admisión, ¿quién responde si el sistema falla?
La tecnología no es enemiga de la educación. De hecho, puede ahorrar traslados, abrir acceso a aspirantes fuera de la capital, reducir costos familiares y permitir que más jóvenes presenten examen sin gastar en hospedaje o transporte. Eso es valioso, especialmente para familias que viven lejos de Ciudad Universitaria o de sedes metropolitanas. El problema no es hacer un examen en línea. El problema es hacerlo sin un blindaje que convenza a quienes se quedan fuera.
Quién queda en medio
La supervisión remota tiene límites conocidos: cámara frontal, entorno físico no siempre visible, redes privadas de mensajería, posibilidad de ayuda externa, uso de dispositivos adicionales, suplantación y, ahora, herramientas de inteligencia artificial. No basta con decir “estaba prohibido usar celular”. En 2026, la pregunta seria es cómo se verifica esa prohibición sin invadir derechos, sin discriminar a quien tiene mala conexión y sin dejar huecos que otros puedan explotar.
Para los jóvenes de clases trabajadoras, la sospecha pega más duro. Quien estudió en condiciones difíciles, compartió computadora, pagó datos móviles, trabajó mientras repasaba o cuidó hermanos antes de sentarse al examen no puede sentir que compitió contra redes organizadas de trampa. La meritocracia, si no cuida las condiciones de competencia, se vuelve una palabra cruel. Decirle “no alcanzaste” a alguien solo es justo si el proceso fue limpio y comparable.
Por eso la comisión técnica no debería limitarse a apagar el incendio. Tiene que responder preguntas incómodas: ¿hubo patrones inusuales por carrera, sede, horario o fecha de aplicación? ¿Qué porcentaje de exámenes fue revisado manualmente? ¿Qué criterios se usaron para cancelar pruebas? ¿Cuántas revisiones procedieron? ¿Qué vulnerabilidades tuvo el software? ¿Qué cláusulas de responsabilidad asumió el proveedor? ¿Qué datos se publicarán para que la comunidad pueda evaluar sin exponer información personal?
Qué sí puede hacerse
También debe corregirse una tentación: convertir a todos los aspirantes en sospechosos. No todo puntaje alto es fraude. No todo joven que mejoró es tramposo. No toda protesta demuestra irregularidad. La universidad debe cuidar a quienes quedaron fuera, pero también a quienes entraron limpiamente. La justicia del proceso exige revisar sin linchar, auditar sin destruir reputaciones y corregir sin improvisar.
La salida puede incluir regreso parcial a exámenes presenciales en carreras de alta demanda, sedes regionales seguras, aplicación simultánea, bancos de reactivos robustos, auditoría independiente del proctoring, doble cámara solo si se garantiza igualdad tecnológica, protocolos claros contra IA y un sistema de revisión comprensible para cualquier familia. Todo eso cuesta. Pero cuesta menos que perder la confianza en el acceso a la universidad pública más importante del país.
El bien común aquí tiene nombre de aula. Significa que la educación superior pública no sea una rifa para quien sabe burlar sistemas ni un privilegio para quien puede pagar cursos caros. Significa proteger el mérito, sí, pero también la equidad. Significa que la tecnología sirva para abrir puertas, no para sembrar sospecha sobre ellas.
Hay una escena que la universidad debe cuidar: la del estudiante honesto que hizo todo bien y aun así hoy siente que debe defenderse de una sombra. El daño de un proceso dudoso no lo sufren solo quienes quedaron fuera; también quienes entraron, porque su logro queda rodeado de sospecha. Por eso la revisión técnica debe proteger al mismo tiempo dos bienes: abrir caminos de revisión para quienes denuncian irregularidades y cuidar la reputación de quienes obtuvieron su lugar sin trampa.
La UNAM puede salir fortalecida si publica una explicación pedagógica, no solo administrativa. Una familia común necesita entender cómo se aplicó el examen, qué controles existieron, qué falló, qué se corrigió y qué pasará el siguiente año. En tiempos de inteligencia artificial, la transparencia no es debilidad institucional; es la única forma de sostener autoridad. La universidad no pierde prestigio por reconocer vulnerabilidades. Lo pierde si deja que el silencio sea más fuerte que los datos.
La UNAM tiene algo más valioso que un proceso de admisión: tiene autoridad moral para millones de familias mexicanas. Esa autoridad no se conserva negando el problema. Se conserva mirándolo de frente. Si la comisión trabaja con rigor y transparencia, la crisis puede convertirse en aprendizaje institucional. Si no, miles de jóvenes recordarán este examen no como el día en que compitieron, sino como el día en que dejaron de creer.
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Luz Tlāltikpakayotl
• Salud
Reciclar salva vidas
Una botella colocada en la basura deja de estar a la vista, pero no deja de existir. Pasa por bolsas, carros, camiones, estaciones y sitios de disposición. En algún punto, una persona la reconoce, la separa, la limpia, la compacta y la vende. Ese trabajo recupera materia y reduce lo que llega al relleno, aunque casi nunca aparezca en la factura municipal.
Los pepenadores y recicladores informales forman parte de la cadena productiva. No realizan una actividad marginal al sistema: sostienen una porción de él. Una investigación participativa desarrollada en la ciudad de Chihuahua destacó su contribución ambiental y, al mismo tiempo, documentó informalidad, riesgos de salud, falta de respaldo jurídico y ausencia de políticas suficientes.
La contradicción es visible. Gobiernos y empresas hablan de economía circular, metas de reciclaje y responsabilidad ambiental, pero quienes recuperan los materiales permanecen expuestos a vidrio, agujas, humo, maquinaria, clima y precios impuestos por intermediarios. La ciudad valora el resultado y vuelve invisible a la persona.
Una jornada hecha de riesgos
La clasificación de residuos exige tocar objetos cuyo contenido se desconoce. Puede haber sustancias químicas, material sanitario, alimentos en descomposición y objetos punzocortantes. Sin guantes adecuados, botas, mascarilla, agua, sombra y atención médica, cada ingreso depende de aceptar un riesgo que otra parte de la cadena ya evitó.
También existen peligros en el sitio de disposición: tránsito de camiones, derrumbes, incendios y maquinaria pesada. La organización del espacio importa tanto como el equipo personal. Una zona de recuperación señalizada, horarios coordinados y protocolos de emergencia reducen daños sin impedir la actividad.
La precariedad se extiende al hogar. Cuando el ingreso cambia según el precio del cartón, aluminio o plástico, la familia no puede anticipar cuánto llevará a casa. Una enfermedad o lesión interrumpe el trabajo sin incapacidad pagada. Niñas y niños pueden acompañar a adultos por falta de cuidados, lo que exige una respuesta de protección que no criminalice la pobreza ni normalice su exposición.
El contrato municipal define quién existe
Los ayuntamientos contratan recolección, transporte, tratamiento y disposición. En esos documentos se decide quién recibe dinero, qué toneladas se contabilizan y qué obligaciones se exigen. Si el contrato ignora a los recicladores, su trabajo queda fuera de la planeación aunque ocurra todos los días.
Una concesión puede restringir el acceso al material porque lo considera propiedad del operador. También puede permitir que la empresa se beneficie de la separación realizada informalmente sin pagar por ella. El municipio debe conocer la cadena completa antes de adjudicar y evitar que un contrato elimine de un día para otro el sustento de familias sin ofrecer alternativa.
Integrar no significa convertir a toda persona en empleada de una empresa. Existen cooperativas, asociaciones, permisos, centros de recuperación y esquemas de compra garantizada. El modelo debe construirse con quienes realizan la actividad, no diseñarse desde una oficina y presentarse como beneficio terminado.
Separar en casa ayuda, pero no resuelve todo
La ciudadanía tiene responsabilidad sobre los residuos que genera. Separar materiales limpios reduce riesgos y aumenta valor. Los punzocortantes necesitan envases seguros; medicamentos, baterías y electrónicos requieren rutas especiales. Mezclar todo en una bolsa traslada el peligro a manos que no conocemos.
Sin embargo, la campaña doméstica fracasa si el camión mezcla lo separado, si no existen centros de recepción o si el mercado paga cantidades mínimas. La moral individual no reemplaza infraestructura. El municipio debe informar días, rutas, destinos y resultados, y verificar que el material no termine en el mismo sitio.
También debe reducirse la generación. Reciclar es preferible a enterrar, pero no convierte en sostenible un consumo ilimitado. Envases retornables, compras a granel, reparación y responsabilidad de productores disminuyen la presión. Los recicladores pueden participar en esa transición si su conocimiento se reconoce.
Dignificar sin borrar la autonomía
Formalizar suele presentarse como solución universal. Puede abrir acceso a seguridad social, contratos y equipo. También puede imponer requisitos, cuotas o horarios que excluyan a quienes tienen trayectorias distintas. Una política debe preguntar qué aspectos de la actividad valoran los recicladores y qué riesgos quieren cambiar.
La credencialización voluntaria puede facilitar acceso y capacitación, pero no debe convertirse en vigilancia o mecanismo para entregar el negocio a un solo grupo. Las cooperativas necesitan apoyo legal y contable sin perder control. Los centros de acopio requieren básculas verificadas y precios visibles para reducir abusos.
El pago justo no puede depender sólo del valor fluctuante del material. La recuperación produce un servicio ambiental: evita extracción, reduce volumen y extiende vida del relleno. Municipios y productores podrían reconocer parte de ese valor mediante contratos, incentivos o sistemas de responsabilidad extendida, con indicadores auditables.
Qué debe incluir una política municipal
Primero, un censo voluntario y protegido que identifique cuántas personas trabajan, dónde y en qué condiciones, sin utilizar la información para expulsarlas. Segundo, una evaluación de riesgos con participación directa. Tercero, acceso a agua, sanitarios, equipo, primeros auxilios y atención.
Cuarto, reglas de convivencia con camiones y maquinaria. Quinto, representación en comités y decisiones sobre concesiones. Sexto, contratos o convenios que reconozcan servicios, cantidades y pagos. Séptimo, mecanismos para prevenir trabajo infantil y ofrecer cuidados y escuela a las familias.
La política debe publicar resultados: materiales recuperados, ingresos, accidentes, destino final y ahorro ambiental. También tiene que reconocer límites. No todo residuo es reciclable ni toda actividad informal puede regularizarse de inmediato. La transición necesita fases, presupuesto y evaluación.
Los indicadores deben medir también estabilidad del ingreso, acceso a salud y participación de mujeres, no únicamente toneladas. Un programa que recupera más material a costa de concentrar el mercado o expulsar familias puede mejorar una cifra ambiental y empeorar la vida comunitaria.
Ninguna persona debería ser residuo del sistema
La economía circular promete mantener materiales en uso y reducir desperdicio. Su principio pierde sentido cuando trata como descartables a quienes hacen posible la recuperación. El bien común no se mide sólo en toneladas desviadas del relleno, sino en las condiciones bajo las cuales se logró.
La próxima vez que una ciudad anuncie una planta o contrato, conviene preguntar dónde aparecen los recicladores. Si sólo figuran como problema social, la planeación está incompleta. Si participan como trabajadores, cooperativistas y conocedores del sistema, la solución tiene más posibilidad de durar.
La botella que alguien separa conserva valor. La persona que la recoge lo tenía desde antes. Reconocerlo exige algo más que una campaña de agradecimiento: derechos, voz, protección y una parte justa del beneficio que su trabajo produce para toda la ciudad.
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¿El paraíso del Caribe tiene los días contados?
Cinthia López Morales
La crisis del sargazo en Quintana Roo asfixia ecosistemas y la economía estatal. Urgen acciones científicas y recolección en altamar para transformar esta marea marrón tóxica en un recurso sostenible.
Adriana Dávila
Punto de vista
Justicia Sí, persecución No
Esta semana volvió a quedar claro que México camina hacia un punto peligroso: acostumbrarse a lo que nunca debería parecer normal en una democracia. Hemos empezado a aceptar, casi sin escándalo, que sea el acusado quien deba probar su inocencia, como si hubiera quedado atrás aquella premisa elemental de justicia según la cual quien acusa está obligado a probar.
La detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura histórica de la alternancia, no puede tomarse a la ligera. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa por presunta delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, dentro de una investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal. Eso es lo que se sabe y nos exige para el caso una vigilancia pública enorme.
No abundaré en el aspecto legal, porque correspondería a las autoridades probar lo que afirman y a los jueces resolver conforme a la ley. Lo que sí puedo decir es que Ruffo es un político respetado por muchos y que pocos personajes públicos pueden presumir el respaldo de sectores tan distintos de la sociedad. Por eso, lo que muchos esperamos no es una exoneración por simpatía, sino un debido proceso, autoridades imparciales y una justicia que use la ley como instrumento, no la venganza política como método. Los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad.
¿Por qué los primeros señalados no están ni tantito cercanos a ser juzgados como sí lo está Ruffo?
¿Por qué el encubrimiento a Mario Delgado, Adán Augusto López, Américo Villarreal y todos los mencionados por el hermano de Sergio Carmona Angulo, ahora testigo protegido en Estados Unidos?, Julio César Carmona, reveló ante autoridades estadounidenses esta enorme red de corrupción y evasión fiscal.
Y más importante aún ¿por qué en México la verdad pesa cada vez menos?
Para esta pregunta, hay muchas respuestas posibles, pero una de las más claras está en la polarización que se instaló con Andrés Manuel López Obrador y que su movimiento convirtió en forma de gobierno. La verdad dejó de ser importante y terminó manoseada y convertida en munición de trincheras.
Fui testigo de la enorme división del país durante la toma de protesta de Felipe Calderón en 2006: un ambiente cargado de encono, resentimiento y agresividad por parte de quienes sostenían que sólo valían los votos del tabasqueño. Hasta la fecha algunos siguen invocando un fraude que no existió. Lo digo con claridad porque millones de mexicanos trabajamos con pasión, convicción y compromiso en aquella elección, apoyando al “hijo desobediente” de Michoacán.
Con el paso de los meses también pude comprobar que el diálogo y el encuentro daban resultados. La pluralidad, aun con diferencias profundas, podía traducirse en política pública: de esa que se mide, no de la narrativa que se presume desde el agravio y que lamentablemente, también tuvo su cosecha en 2018. Pocos imaginaron que el fruto vendría podrido por el odio.
No niego la esperanza de cambio que generó López Obrador. Tampoco pongo en duda su capacidad para persuadir a un electorado al que se le contó una historia muy lejana a la realidad y demasiado cercana a la manipulación: el hombre “bueno” que decía vivir con 200 pesos y que convirtió la ofensa y la descalificación permanente en su mejor arma electoral. Esa mentira, repetida hasta parecer verdad, fue heredada como estrategia para el segundo piso de “la transformación”.
Morena llegó al poder empujado por un relato que prometía demasiado y cumplió muy poco. Después de más de siete años de gobierno federal morenista, Palacio Nacional se volvió una galería de incongruencias.
Dijeron que combatirían la corrupción y terminaron conviviendo con ella. Prometieron regresar a los militares a los cuarteles, pero les entregaron más poder, más recursos y más espacios de decisión, muchas veces con menos transparencia.
Aseguraron que acabarían con la inseguridad, pero vastas regiones quedaron sometidas al poder de los grupos criminales, cuyos líderes ya no sólo cooptan autoridades: en muchos municipios y estados son el gobierno. Hicieron de la entrega de dinero público una bandera permanente. No es que antes no existieran programas sociales; lo grave es que convertieron la ayuda pública en una estrategia electoral que adormece la exigencia de bien común.
Insistieron en que el acceso a la salud sería un derecho efectivo, pero volvieron los hospitales en espacios de carencia y a la medicina en un lujo para millones de mexicanos. Dijeron que el acceso a la justicia sería una realidad, pero han debilitado al Poder Judicial y lo han sometido a una presión política que vulneró como nunca su independencia. Durante años se proclamaron demócratas; hoy dejan ver que el control político es su verdadera obsesión.
Sobran ejemplos de políticas públicas marcadas por la ineficiencia, la irresponsabilidad y la negligencia de un régimen que se niega a reconocer la pluralidad como una condición indispensable para construir un mejor país. Para ellos, las diferencias de pensamiento no generan conversación, más bien estorban y por eso insisten en exhibir, acorralar o destruir a quienes tienen otras visiones de país.
El caso Ruffo, por eso, no puede analizarse sólo desde el aspecto penal ni desde la simpatía personal. Debe mirarse desde una pregunta más amplia: ¿queremos un país donde la justicia investigue o uno donde el poder condene primero y pruebe después? Si hay responsables de huachicol fiscal, que se investigue hasta el fondo, caiga quien caiga y sin proteger a nadie. Pero si la justicia se usa de manera selectiva, entonces deja de ser justicia.
México no necesita venganzas disfrazadas de legalidad; necesita verdad e instituciones que no se rindan ante la mentira organizada. Por eso, la verdad tiene que ser una exigencia firme: justicia sí, persecución no; verdad sí, propaganda no; ley para todos, ¡nunca como arma contra unos cuantos!
Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Económico
Fraudes con tu voz ¡aguas!
El teléfono suena y del otro lado se escucha a un hijo, una hermana o un jefe. La voz parece correcta. Habla rápido, dice estar en peligro y pide que nadie más se entere. La cantidad debe transferirse de inmediato. Todo está diseñado para que la persona actúe antes de pensar.
La suplantación por voz no comenzó con la inteligencia artificial. Durante años, delincuentes han utilizado datos públicos, imitación y presión emocional. Las herramientas generativas añaden una capacidad: producir audio parecido al de alguien real a partir de grabaciones disponibles y adaptar el diálogo. No siempre es necesario un clon perfecto; basta que la llamada coincida con el miedo del receptor.
Entre enero y mayo de 2026, la Condusef reportó un aumento de reclamos por posible fraude en bancos y entidades financieras. El problema incluye mensajes falsos, llamadas, sitios clonados, suplantación y deepfakes. La tecnología cambia, pero el mecanismo humano se repite: urgencia, autoridad, secreto y miedo a perder algo o a dejar sola a una persona querida.
La voz ya no es una contraseña
Durante mucho tiempo, reconocer una voz funcionó como prueba informal de identidad. En una familia se contestaba una pregunta y el tono bastaba. Ese hábito necesita actualizarse. Un audio puede ser editado, sintetizado o reproducido. Incluso sin inteligencia artificial, una persona puede hacerse pasar por un intermediario y colocar de fondo gritos o fragmentos de voz.
Esto no significa desconfiar de toda llamada ni vivir en alarma. Significa separar cercanía e identificación. La voz puede iniciar una conversación, pero una decisión financiera requiere otra comprobación. El mismo principio ya se usa en bancos: un solo dato no basta para autorizar una operación sensible.
La verificación debe ocurrir por un canal distinto. Si la llamada llega por teléfono, se cuelga y se marca al número conocido. Si el mensaje llega por una aplicación, se llama o se contacta a otra persona cercana. El delincuente intentará impedirlo diciendo que la línea está vigilada o que cualquier demora empeorará la situación. Esa presión es una señal de alerta.
Una familia necesita protocolo, no improvisación
El mejor momento para acordar qué hacer es antes de la emergencia. Una familia puede elegir una palabra o pregunta de verificación que no aparezca en redes y que se cambie si alguien la revela. No conviene utilizar fecha de nacimiento, nombre de mascota, escuela o domicilio, porque esos datos suelen ser públicos o fáciles de obtener.
También puede definir una cadena de contacto. Ante una solicitud urgente, la persona llama a dos integrantes y no realiza transferencias hasta confirmar. Quien viaja informa por qué canales podría pedir ayuda. Los adultos mayores necesitan participar en el acuerdo sin ser tratados como incapaces; los jóvenes también caen en engaños relacionados con compras, empleo o inversiones.
El protocolo debe incluir un límite financiero. Una aplicación bancaria puede establecer montos, alertas y beneficiarios frecuentes. Reducir temporalmente los límites no elimina el fraude, pero evita que una decisión tomada bajo presión vacíe una cuenta. Cualquier aumento puede requerir una pausa y una segunda verificación.
Lo que entregamos en redes
Videos familiares, mensajes de voz, anuncios profesionales y transmisiones ofrecen material para conocer nombres, rutinas y relaciones. La respuesta no consiste en desaparecer de internet, sino en revisar qué se publica y quién puede verlo. Un video de cumpleaños puede revelar parentescos, apodos, domicilio y ausencia por vacaciones.
Las empresas y escuelas también deben cuidar la exposición. Publicar listas de personal, teléfonos directos, organigramas y voces facilita fraudes dirigidos. Eso no justifica culpar a quien compartió información; la responsabilidad es del delincuente. Pero reducir datos innecesarios limita oportunidades.
La educación digital tiene que ir más allá de pedir contraseñas fuertes. Debe enseñar a reconocer manipulación emocional, verificar contexto y conservar evidencias. El engaño más sofisticado puede fracasar frente a una familia que tiene permiso para detenerse.
Si ya se transfirió
La vergüenza hace perder tiempo. Quien descubre el fraude debe contactar inmediatamente a la institución financiera por canales oficiales, reportar la operación y solicitar bloqueo o seguimiento. No hay garantía de recuperar el dinero, pero cada minuto puede importar. Después conviene cambiar credenciales desde un dispositivo seguro y revisar movimientos.
También deben conservarse número, hora, mensajes, comprobantes, cuentas receptoras y cualquier instrucción. No se recomienda confrontar al posible delincuente ni seguir enviando dinero para recuperar lo perdido. La denuncia puede presentarse ante fiscalías o policías cibernéticas y el reclamo financiero ante la institución y la Condusef, según el caso.
La familia necesita evitar el reproche. Los estafadores entrenan guiones para explotar afecto, miedo y autoridad. Culpar a la víctima favorece el silencio y permite que otros caigan. Una revisión serena debe preguntar qué información conocían, qué señal pasó inadvertida y qué barrera puede añadirse.
Responsabilidad de bancos y telecomunicaciones
No todo puede recaer en la prudencia individual. Las instituciones financieras observan patrones de operación y pueden introducir alertas, demoras o verificación reforzada cuando un cliente transfiere a una cuenta nueva bajo condiciones atípicas. Esas medidas deben equilibrarse con acceso y evitar bloquear de manera discriminatoria a usuarios legítimos.
Las empresas telefónicas pueden mejorar identificación de llamadas, respuesta a reportes y bloqueo de números utilizados masivamente. La coordinación entre Condusef, bancos, Seproban, fiscalías y telecomunicaciones permite detectar redes que una víctima sola no puede ver. Publicar estadísticas de recuperación, tiempos y modalidades ayudaría a evaluar esa respuesta.
Las plataformas que ofrecen generación de voz también tienen deberes: controles contra abuso, trazabilidad, atención a reportes y límites a la clonación sin consentimiento. Ninguna marca puede prometer eliminar el riesgo, pero la innovación no debe trasladar todos sus costos a la persona engañada.
El protocolo de diez minutos
Ante una llamada urgente, el primer paso es no proporcionar datos y colgar. El segundo, contactar a la persona mediante un número previamente guardado. El tercero, hablar con otro familiar. El cuarto, no abrir enlaces ni instalar aplicaciones. El quinto, llamar directamente al banco si ya se compartió información o se realizó una operación.
Después se preservan pruebas, se reporta el número, se cambia lo necesario y se revisan cuentas. Si existe una amenaza física creíble, se contacta a emergencias por el canal oficial. Ninguna autoridad legítima debería exigir depósitos a una cuenta particular para liberar a alguien o evitar un trámite.
La inteligencia artificial ha debilitado una señal que antes parecía suficiente: la voz. Puede también ayudarnos a reconocer patrones y proteger operaciones, pero la defensa más inmediata continúa siendo humana. Una pausa, una llamada de regreso y un acuerdo familiar convierten la confianza en algo más sólido que un sonido familiar.
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