La carrera por la IA enfrenta a Trump con la industria
La carrera por desarrollar inteligencia artificial cada vez más poderosa acaba de abrir una discusión incómoda para la industria tecnológica: ¿qué tan rápido debe avanzar una tecnología cuyos riesgos todavía no se conocen por completo?
Sonia Domínguez Ramírez
EUM SEIE 15 septiembre 2026.-
La pregunta tomó fuerza después de que algunos de los empresarios que están al frente de esa carrera pidieran moderar el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados. Entre ellos están Dario Amodei, de Anthropic; Sam Altman, de OpenAI; Elon Musk, de xAI, y Demis Hassabis, de Google DeepMind.
Pero la propuesta encontró una respuesta contundente en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó cualquier intento de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial y dejó claro que su prioridad es que el país conserve la ventaja tecnológica frente a China.
La diferencia no es menor. Para Trump y buena parte de los republicanos, la inteligencia artificial se ha convertido en una competencia estratégica en la que Estados Unidos no puede darse el lujo de bajar la velocidad. La tecnología ya está relacionada con sectores como la industria, la investigación, las finanzas, la defensa y la seguridad nacional, además de representar una enorme oportunidad de inversión.
El argumento de quienes se oponen a ponerle freno es que cualquier obstáculo para las empresas estadounidenses puede terminar favoreciendo a China. Si las compañías de Estados Unidos tienen que reducir su ritmo de desarrollo o someterse a reglas más estrictas, mientras sus competidores chinos continúan avanzando, Washington podría perder una ventaja que considera fundamental.
Trump ha llevado esa postura al terreno político. El mandatario ha rechazado las recientes advertencias sobre los riesgos de la IA y cuestionado los llamados a imponer nuevas restricciones, mientras desde su gobierno se insiste en que Estados Unidos debe mantener el liderazgo en esta tecnología.
La discusión, sin embargo, no surgió de organizaciones ajenas al sector. Vino de algunas de las propias compañías que están compitiendo por crear los sistemas más avanzados.
Amodei, director ejecutivo de Anthropic, planteó que las empresas deberían reducir temporalmente el ritmo al que incrementan las capacidades de sus modelos para tener tiempo de desarrollar mejores mecanismos de seguridad. La idea no es detener la inteligencia artificial, sino evitar que las nuevas capacidades lleguen antes de que existan herramientas suficientes para saber cómo pueden comportarse y qué riesgos representan.
Altman también ha expresado preocupación por la velocidad con la que está avanzando la tecnología y ha planteado medidas para someter los sistemas a evaluaciones de seguridad. Musk, por su parte, se ha sumado al debate sobre los riesgos que pueden surgir conforme los modelos adquieren mayores capacidades.
El fondo de la discusión es que la IA ya no se limita a contestar preguntas, redactar textos o crear imágenes. Los modelos más recientes pueden realizar tareas complejas, utilizar distintas herramientas y ejecutar determinadas acciones con un grado cada vez mayor de autonomía. Esto ha hecho más difícil anticipar todas las formas en que pueden utilizarse, tanto de manera deliberada como accidental.
Y mientras en Estados Unidos se discute si poner límites podría hacer perder terreno frente a China, Naciones Unidas ha advertido desde otro ángulo sobre la necesidad de actuar.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha insistido en que el desarrollo de la inteligencia artificial necesita reglas internacionales. Su preocupación es que los gobiernos estén intentando construir mecanismos de supervisión cuando la tecnología ya avanza a una velocidad mucho mayor.
Para Naciones Unidas, no basta con que cada país establezca sus propias reglas. La organización ha planteado la necesidad de una cooperación internacional que permita atender riesgos relacionados con la seguridad, los derechos humanos, la desinformación, el empleo y el uso de sistemas autónomos.
La ONU también ha advertido sobre la concentración de esta tecnología. Una parte importante de la capacidad necesaria para desarrollar los modelos más avanzados está en manos de un reducido grupo de empresas y países, lo que puede dejar a buena parte del mundo fuera de las decisiones sobre cómo se desarrolla y se utiliza la IA.
Ahí aparece una de las principales diferencias entre las dos posiciones. Para Trump, el riesgo de quedarse atrás en la carrera tecnológica puede ser mayor que el de avanzar rápidamente. Para Naciones Unidas y los directivos que han pedido mayor cautela, el problema está en que la capacidad de supervisar la inteligencia artificial no crezca tan rápido como la propia tecnología.
La disputa, por tanto, no es entre quienes quieren inteligencia artificial y quienes quieren detenerla. Incluso quienes piden desacelerar su desarrollo forman parte de las empresas que más están invirtiendo en ella.
Lo que está en juego es quién establece el ritmo y bajo qué condiciones. Mientras Washington apuesta por acelerar para conservar la ventaja estadounidense frente a China, dentro de la propia industria crece la preocupación de que la carrera por crear sistemas cada vez más capaces termine dejando atrás las medidas necesarias para hacerlos seguros.
Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Social
¿Y quién cuida al cuidador?
Cuidar hasta quedarse sin fuerzas
El agotamiento de quien cuida suele aparecer detrás de la enfermedad principal, casi siempre fuera del expediente clínico. Estudios mexicanos recientes muestran que la sobrecarga puede ser muy alta en determinados grupos de cuidadores. La solución no es pedirles que quieran menos, sino evitar que lleguen solos al límite.
Hay personas que saben con exactitud a qué hora toca cada medicamento y ya no recuerdan cuándo fue la última vez que durmieron una noche completa. Organizan consultas, cambian pañales, preparan alimentos especiales y aprenden a movilizar un cuerpo sin haber recibido entrenamiento. Cuando alguien les pregunta cómo está el paciente, responden con detalle. Cuando les preguntan cómo están ellas, muchas veces la conversación se queda en blanco.
El cuidado familiar de una enfermedad crónica tiene una particularidad: puede extenderse durante meses o años. No siempre existe una fecha de alta. La rutina se reorganiza alrededor de una necesidad que quizá no desaparezca.
La literatura mexicana comienza a medir ese costo. Un estudio publicado en Atención Familiar de la UNAM en 2024 analizó a 86 cuidadores de pacientes mayores de 50 años con enfermedad renal crónica atendidos en una unidad del IMSS en Ciudad de México. Entre los cuidadores clasificados con sobrecarga, 77.85% eran mujeres; dos terceras partes seguían trabajando.
Otro estudio, realizado con 107 cuidadores familiares de pacientes con enfermedad crónica en un hospital de segundo nivel de Ciudad de México, encontró sobrecarga intensa en 95.3% de su muestra. La cifra impresiona, pero no debe usarse como si describiera a todos los cuidadores del país: era un grupo específico de cuidadores únicos con más de tres meses atendiendo a un paciente hospitalizado. Esa precisión no disminuye la alerta; ayuda a entender que la carga depende de la intensidad del cuidado y del contexto.
En un estudio distinto con 100 cuidadores de pacientes en hemodiálisis en Zacapu, Michoacán, la prevalencia de sobrecarga fue de 19%. Las diferencias entre investigaciones muestran por qué no conviene repetir un único porcentaje nacional. Lo que sí aparece de manera consistente es la necesidad de mirar la salud del cuidador como parte del tratamiento.
Una familia no queda protegida porque una persona se sacrifique hasta enfermar. Cuando el cuidador colapsa, quedan vulnerables dos personas en lugar de una.
El agotamiento no siempre parece agotamiento
La sobrecarga puede expresarse como cansancio, irritabilidad, culpa, aislamiento o dificultad para concentrarse. También puede convivir con dolor físico por movilizar a otra persona, alteraciones del sueño y abandono de consultas propias. Estos síntomas tienen múltiples causas y no deberían autodiagnosticarse. Lo importante es que el cuidado prolongado puede afectar al cuidador y merece atención preventiva.
La cultura familiar dificulta reconocerlo. A una hija que cuida a su madre con demencia puede resultarle casi ofensivo admitir que quiere una tarde libre. Un esposo puede sentir que pedir apoyo traiciona la promesa de acompañar a su pareja. La persona cuidadora termina midiendo su amor por su capacidad de resistir.
Esa ecuación es peligrosa. La entrega tiene valor precisamente cuando se dirige al bien del otro. Si la falta de descanso aumenta el riesgo de errores de medicación, caídas o respuestas agresivas nacidas del agotamiento, cuidarse deja de ser un lujo y se vuelve parte del cuidado.
Hay tareas que requieren aprender
Otra fuente de estrés es la improvisación. Cuidar a una persona con dependencia puede implicar técnicas de movilización, prevención de lesiones por presión, higiene, administración segura de medicamentos, alimentación y detección de signos de alarma. El parentesco no enseña automáticamente ninguna de esas habilidades.
El IMSS ofrece cursos en línea para cuidadores de personas mayores y ha impulsado formación y certificación en el estándar de competencia para cuidado básico en domicilio. El Instituto Nacional de Rehabilitación también ha desarrollado un curso gratuito para familiares de personas con discapacidad. En agosto de 2025 informó que habían egresado 48 cuidadores en sus dos primeras generaciones.
Cuarenta y ocho personas son pocas frente a la magnitud nacional, pero el modelo señala algo importante: la familia necesita formación práctica. Explicar cómo mover a una persona sin lastimarla, cómo reconocer una urgencia y cómo adaptar un espacio puede prevenir sufrimiento en ambos lados del cuidado.
El relevo no es un fracaso
En otros sistemas de cuidados se utiliza el concepto de respiro: servicios o apoyos temporales que permiten a la persona cuidadora descansar, hacer trámites, trabajar o simplemente recuperar unas horas propias. En México existen centros de día y programas puntuales, pero la cobertura es todavía limitada.
El Centro de Día del IMSS dentro del CASSAAM, por ejemplo, tiene capacidad de hasta 30 personas mayores. Su diseño contempla expresamente aliviar la sobrecarga de cuidadores informales. El Inapam opera seis residencias de día propias. Son ejemplos valiosos, pero también muestran que el acceso a un relevo formal depende demasiado del lugar donde se vive y de la institución a la que se pertenece.
Mientras esa red crece, el relevo también puede organizarse dentro de la familia. No basta decir “avísame si necesitas algo”. La ayuda efectiva tiene nombre y horario: yo cubro los martes por la tarde; yo hago las compras; yo acompaño a la consulta; yo me quedo una noche cada dos semanas. La persona exhausta muchas veces ya no tiene energía para repartir tareas en el momento de la crisis.
Los hospitales deberían preguntar por el cuidador
El sistema de salud atiende al paciente, como corresponde. Pero en enfermedades de larga duración, gran parte del tratamiento ocurre en casa. Si quien lo implementará no entiende las indicaciones, está lesionado o se encuentra emocionalmente desbordado, el plan clínico pierde fuerza.
Una práctica razonable sería incorporar preguntas básicas en determinadas consultas: ¿quién cuida?, ¿sabe hacerlo?, ¿tiene reemplazo?, ¿está durmiendo?, ¿necesita capacitación? No se trata de convertir al cuidador en paciente por definición. Se trata de reconocer que su condición influye en la continuidad del cuidado.
Los estudios mexicanos citados no permiten estimar cuántos cuidadores del país están agotados. Sí permiten dejar de fingir que la sobrecarga es una anécdota. El problema merece mejores datos nacionales y rutas de apoyo.
El derecho a tener límites
Irma Hernández contó a El Universal San Luis Potosí en 2025 cómo el cuidado de su hijo con síndrome de Down, autismo y un trastorno de agresividad refractaria terminó desplazándola de su trayectoria profesional. Su historia es singular, como todas. Lo que la vuelve relevante es el aislamiento que describe: una persona enfrentando prácticamente sola necesidades que exceden lo que cualquier individuo puede sostener sin red.
Hay una tendencia a llamar heroicas a estas cuidadoras. El reconocimiento puede ser sincero. Pero una sociedad debe desconfiar cuando necesita héroes permanentes para cubrir funciones básicas. La admiración no reemplaza un descanso, una consulta, un ingreso ni una persona de relevo.
Cuidar a alguien vulnerable puede sacar lo mejor de una persona. También enfrenta su paciencia, sus miedos y sus límites. Aceptar esos límites no vuelve menos valioso el vínculo. Lo vuelve verdadero.
Quien cuida necesita permiso para decir “hoy no puedo”, sin que esa frase se interprete como abandono. Necesita saber que pedir ayuda a un hermano, a un profesional o a una institución no traiciona a quien depende de él. A veces es precisamente la forma más responsable de seguir presente.
México habla cada vez más de construir una sociedad de cuidados. Una prueba sencilla de que esa idea llegó a la vida real será ésta: cuando una persona cuidadora diga que está agotada, ¿encontrará únicamente elogios por su fortaleza o habrá alguien capaz de tomar el relevo?
Fuentes consultadas
• Vera-Salazar, J. y Rocha-Rodríguez, M. “Sobrecarga del cuidador primario del paciente mayor con enfermedad renal en terapia sustitutiva”, Atención Familiar, UNAM, 2024.
• Rosales-Sánchez, M. et al. “Habilidad de cuidado y sobrecarga percibida en cuidadores familiares de pacientes con enfermedad crónica”, SANUS, 2024/2025.
• García-Arciga, I. et al. “Sobrecarga del cuidador primario de pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis”, Revista Mexicana de Medicina Familiar, 2024.
• IMSS. Información para personas cuidadoras y Centro de Día CASSAAM, 2025-2026.
• Secretaría de Salud. Programa de profesionalización del cuidado en casa del Instituto Nacional de Rehabilitación, agosto de 2025.
• El Universal San Luis Potosí. Testimonio de Irma Hernández, 6 de marzo de 2025.
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¿Te pueden robar tu casa con impunidad y complicidad oficial en México?
Cinthia López Morales
El despojo de inmuebles en CDMX y Edomex evidencia una alarmante red de complicidad entre grupos armados, exfuncionarios y notarios, dejando a miles de víctimas impunes frente al arrebato patrimonial.
Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Social
Cuidar a los abuelos es carísimo
El cuidado que pocos pueden pagar
México enfrenta una paradoja: contratar apoyo profesional puede resultar inalcanzable para una familia, mientras muchas personas cuidadoras trabajan con salarios bajos y sin seguridad social. Resolver la crisis no consiste en abaratar todavía más el trabajo de cuidado.
Una familia recibe el alta de un adulto mayor después de una hospitalización. El médico recomienda que no permanezca solo, que alguien supervise medicamentos y apoye la movilidad. Los hijos trabajan. Ninguno puede mudarse de manera indefinida. Empieza entonces una búsqueda conocida por miles de hogares: ¿cuánto cuesta contratar a alguien que cuide?
La respuesta no es sencilla. México no tiene un tarifario nacional oficial para el cuidado privado en domicilio. Los precios cambian por ciudad, número de horas, nivel de dependencia, capacitación y si la contratación se hace directamente o mediante una agencia. Inventar un “costo promedio” nacional daría una falsa precisión.
Sí tenemos datos sobre quienes realizan ese trabajo. Data México, plataforma de la Secretaría de Economía que utiliza información estadística oficial, reportó para el primer trimestre de 2026 alrededor de 272 mil personas ocupadas como cuidadores de niños, personas con discapacidad y ancianos en casas particulares. El salario promedio mensual estimado fue de 5 mil 590 pesos y 97.9% se encontraba en informalidad laboral. La propia plataforma advierte que los datos salariales tienen baja precisión estadística y no deben tomarse como una conclusión individual.
La composición de la ocupación es todavía más reveladora: 97.1% eran mujeres. En el subgrupo más amplio de trabajadores en el cuidado de personas había 354 mil ocupados y una informalidad de 86.2%.
Caro para quien paga, precario para quien cobra
A primera vista parecería una contradicción. Si el salario promedio reportado es bajo, ¿por qué tantas familias sienten que contratar cuidado es imposible? Porque el salario de una persona cuidadora y el costo total de cubrir una dependencia son cosas distintas.
Una persona que necesita supervisión durante todo el día no puede ser atendida legal ni humanamente por la misma trabajadora las 24 horas. Cubrir turnos implica varias personas. A eso se añaden descanso semanal, transporte, alimentos, prestaciones cuando corresponden, medicamentos, pañales, adaptaciones en el hogar y consultas. Si existe una agencia, también hay costos de administración y supervisión. El cuidado intensivo puede consumir una parte enorme del ingreso familiar incluso cuando la persona que lo presta recibe poco.
La crisis de cuidados no se resuelve pagando menos a quien cuida. Eso sólo traslada la precariedad de una familia a otra.
Cuidar requiere habilidades
Otra razón para desconfiar de la lógica del “busquemos a alguien barato” es la complejidad real de la tarea. Cuidar a una persona con deterioro cognitivo, secuelas de un accidente o dependencia física puede implicar movilización segura, higiene, alimentación, prevención de caídas, seguimiento de medicamentos y capacidad para reconocer signos de alarma.
No todo cuidador necesita una licenciatura en enfermería. Tampoco toda necesidad de cuidado requiere un profesional sanitario. Pero sí hace falta definir qué competencias requiere cada caso. La familia que contrata debe saber la diferencia entre acompañamiento, cuidado básico y atención que sólo puede realizar personal de salud.
El IMSS ha desarrollado formación para cuidadores gerontológicos y cursos en su plataforma CLIMSS. Su Centro de Día promueve la certificación bajo el estándar de competencia EC0669 para cuidado básico de la persona mayor en domicilio. El Instituto Nacional de Rehabilitación también capacita a familiares de personas con discapacidad.
Profesionalizar no significa volver inaccesible el cuidado. Significa reducir improvisación, errores y abuso. También permite que quien cuida pueda construir una trayectoria laboral reconocible en lugar de permanecer toda la vida en una zona gris.
La informalidad deja a todos expuestos
La informalidad laboral tiene consecuencias para la trabajadora y para la familia contratante. La cuidadora puede quedar sin protección ante enfermedad, maternidad o vejez. La familia puede operar sin reglas claras sobre horarios, funciones, descansos y responsabilidades.
En algunos hogares, el cuidado se mezcla con trabajo doméstico. La regulación laboral mexicana ha avanzado en la incorporación de las personas trabajadoras del hogar a la seguridad social. La clasificación jurídica de cada relación depende de las tareas y condiciones específicas, por lo que las familias deberían informarse y formalizar la contratación que corresponda.
Hay una cuestión moral bastante sencilla detrás de la norma. No es coherente defender la dignidad de una persona mayor y, al mismo tiempo, tratar como desechable a la mujer que la baña, la alimenta y la acompaña todos los días.
¿Quién queda fuera del mercado?
Las familias de ingresos altos pueden pagar servicios continuos. Las de ingresos bajos suelen depender casi por completo de familiares. En medio existe una franja amplia que puede pagar algunas horas, pero no una dependencia prolongada.
Ahí se vuelve necesario discutir mecanismos públicos. El cuidado de larga duración no debería funcionar como un beneficio reservado a quien puede comprarlo ni como una obligación absorbida enteramente por las hijas. Un sistema puede combinar servicios públicos, centros de día, apoyo domiciliario focalizado, capacitación familiar y regulación de proveedores privados.
El diseño importa. Un subsidio sin estándares podría financiar servicios deficientes. Un servicio público sin opciones puede ignorar preferencias familiares. La política necesita distinguir niveles de dependencia y ofrecer respuestas proporcionales.
Pagar por cuidar no reemplaza a la familia
También existe un temor cultural: contratar a alguien parece una forma de “desentenderse” del padre o del hijo que necesita apoyo. A veces lo es. Una familia puede delegar por completo la presencia afectiva y reducir la relación a transferencias bancarias.
Pero no tiene por qué ser así. Una persona cuidadora profesional puede hacer posible que el vínculo familiar vuelva a ser vínculo. La hija deja de pasar toda la visita bañando, levantando y limpiando y puede sentarse a conversar con su padre. El esposo exhausto duerme unas horas y recupera paciencia para acompañar a su pareja. El apoyo técnico no sustituye el amor; puede crear espacio para que el amor no quede devorado por la operación diaria.
La persona cuidada también tiene derechos frente al mercado
El crecimiento de la demanda de cuidados atraerá empresas y servicios. Eso es esperable y puede ser positivo. Pero una persona dependiente se encuentra en una posición de especial vulnerabilidad. Necesita mecanismos de calidad, referencias, capacitación, protocolos contra maltrato y canales de denuncia.
La OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo advirtieron en 2025 que América Latina necesita ampliar y profesionalizar su fuerza laboral de cuidados de larga duración. En México, la propia OCDE señala la falta de datos comparables sobre trabajadores de este sector. Si ni siquiera conocemos bien el tamaño y las condiciones de la fuerza laboral, regular calidad será más difícil.
La respuesta no puede ser convertir el cuidado en un lujo ni abaratarlo mediante explotación. Necesitamos hacer dos cosas que parecen opuestas y en realidad van juntas: que las familias tengan acceso a apoyo y que quien presta ese apoyo pueda vivir dignamente de su trabajo.
Cuidar es una tarea intensiva en presencia humana. No habrá algoritmo que sustituya por completo una mano que ayuda a levantarse o una mirada capaz de reconocer que algo cambió. Si esa labor será cada vez más necesaria, México debe empezar a tratarla como lo que es: trabajo valioso, que requiere preparación, reglas y respeto.
Fuentes consultadas
• Secretaría de Economía, Data México. Perfil de Cuidadores de Niños, Personas con Discapacidad y Ancianos en Casas Particulares, primer trimestre de 2026.
• Secretaría de Economía, Data México. Perfil de Trabajadores en el Cuidado de Personas, primer trimestre de 2026.
• IMSS. Formación y certificación de cuidadores gerontológicos, 2025-2026.
• Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Rehabilitación, profesionalización del cuidado en casa, agosto de 2025.
• OCDE/BID/AFD. “¿Quién cuida? Cómo apoyar y reconocer a quienes cuidan de personas mayores en América Latina y el Caribe”, octubre de 2025.
• Secretaría de las Mujeres. Información sobre derechos y seguridad social de personas trabajadoras del hogar, 2025.
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Sonia Domínguez Ramírez
• Análisis Político
Artemis y el reto de quedarse en la Luna
El regreso de Estados Unidos a la Luna dejó de ser una promesa cuando, en abril pasado, cuatro astronautas viajaron alrededor del satélite a bordo de Artemis II. La misión demostró que la NASA puede volver a enviar seres humanos al espacio profundo, pero también dejó una pregunta abierta: ¿está realmente preparado el programa Artemis para convertir ese regreso en una presencia sostenida en la Luna?
Artemis II fue un paso decisivo. La misión despegó el 1 de abril de 2026 con cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS), y completó un viaje de casi diez días alrededor de la Luna. Fue el primer vuelo tripulado del programa y el primer viaje de seres humanos alrededor del satélite desde el final del programa Apolo en 1972.
Pero llegar hasta la Luna una vez es muy diferente de mantener una actividad permanente allí.
La NASA modificó este año su calendario. Artemis III, que originalmente estaba planteada como la misión para llevar astronautas a la superficie lunar, será ahora una misión de prueba en órbita terrestre durante 2027. Su objetivo será ensayar el encuentro y acoplamiento de Orion con uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales desarrollados por SpaceX y Blue Origin.
La primera misión tripulada que NASA pretende llevar a la superficie lunar será Artemis IV, prevista para principios de 2028. Después, la agencia plantea mantener una frecuencia aproximada de una misión lunar por año.
Ese cambio muestra que el regreso a la Luna todavía requiere superar varias etapas. No basta con que el SLS despegue y Orion funcione correctamente. NASA necesita demostrar que puede integrar sus sistemas con los vehículos privados que transportarán a los astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie.
Ahí aparece uno de los cambios más importantes respecto de la época de Apolo: la NASA ya no pretende hacerlo todo por sí misma.
SpaceX y Blue Origin tienen un papel central en las futuras misiones. Ambas empresas desarrollan sistemas de aterrizaje lunar que deberán trabajar junto con Orion. La NASA prevé probar esa integración durante Artemis III antes de intentar un nuevo alunizaje tripulado.
La participación privada abre la posibilidad de contar con tecnologías más flexibles y eventualmente reducir costos, pero también significa que una parte fundamental del regreso estadounidense a la Luna depende de que estas compañías cumplan sus objetivos técnicos y sus calendarios.
El dinero es otro de los interrogantes, pues durante años, el costo de Artemis ha sido motivo de cuestionamientos. Un informe del Inspector General de NASA publicado en 2021 calculó que el programa podría alcanzar 86 mil millones de dólares hasta el ejercicio fiscal 2025 y estimó en alrededor de 4.1 mil millones el costo de cada una de las primeras misiones con el sistema SLS y Orion. Estas cifras son proyecciones realizadas entonces y no deben interpretarse como el costo actual del programa.
Más recientemente, otro informe del mismo organismo encontró que varios contratos relacionados con sistemas de Artemis que fueron cancelados o modificados aumentaron en conjunto de 2.8 mil millones a 5.9 mil millones de dólares, mientras algunas fechas de entrega se extendieron hasta siete años. El informe también advierte que los cambios realizados en 2026 todavía requieren evaluaciones adicionales sobre sus efectos en costos, calendario y riesgos técnicos.
La dimensión económica resulta relevante porque Artemis no es solamente una aventura científica. Es un proyecto financiado con recursos públicos y, al mismo tiempo, una apuesta por una nueva industria espacial en la que participan grandes contratistas tradicionales y compañías privadas.
También existe una dimensión estratégica. Estados Unidos y China tienen planes para volver a llevar seres humanos a la Luna. China mantiene como objetivo enviar astronautas alrededor de 2030, mientras Washington busca adelantarse con Artemis. La competencia no se limita al prestigio de colocar una bandera, sino que involucra tecnología, infraestructura, conocimiento científico y capacidad industrial.
El desafío para Estados Unidos, por tanto, no termina con el éxito de Artemis II. Ahora tendrá que demostrar que puede transformar una misión histórica en una estrategia sostenible: realizar vuelos con mayor frecuencia, controlar los costos, resolver los problemas tecnológicos y coordinarse con empresas privadas capaces de llevar a los astronautas hasta la superficie.
Artemis ya consiguió algo que parecía lejano: volver a llevar seres humanos alrededor de la Luna. La pregunta ahora es si ese logro será el inicio de una nueva etapa de exploración lunar o si los costos, los cambios de calendario y la complejidad tecnológica terminarán imponiendo nuevos límites.
El verdadero éxito del programa no se medirá sólo por volver a pisar la Luna, sino por la capacidad de permanecer allí.
Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Social
Internet crece, la brecha sigue
En 2015, 57.4 por ciento de las personas de seis años o más usaba internet en México. Diez años después, la cifra llegó a 86.1 por ciento, equivalente a 104.9 millones de personas, de acuerdo con la ENDUTIH 2025 del INEGI. Es uno de esos cambios que, por ocurrir poco a poco, corren el riesgo de parecer normales. En una década, conectarse pasó de ser una posibilidad para poco más de la mitad del país a formar parte de la vida cotidiana de una gran mayoría.
El avance es real. También lo es la brecha. En las zonas urbanas, 88.9 por ciento de la población de seis años o más usó internet; en las rurales, 75.2 por ciento. La diferencia entre ambos ámbitos se redujo de 32 a 14 puntos porcentuales en ocho años. Eso merece reconocerse. Pero catorce puntos siguen separando oportunidades de estudio, trabajo, información, comercio y relación con el gobierno.
La discusión digital ya no puede reducirse a preguntar si hay o no hay internet. Hay que preguntar si la conexión sirve para vivir mejor. Una familia puede aparecer en la estadística como conectada y, al mismo tiempo, depender de un solo teléfono con datos limitados para que varios hijos hagan tareas, una persona trabaje y otra tramite una cita médica. La ENDUTIH reportó que 78.3 por ciento de los hogares tenía internet en 2025, mientras que solo 38.1 por ciento de las personas de seis años o más usó computadora o tableta.
Conectarse no es lo mismo que participar
Un celular resuelve mucho, pero no todo. Llenar formularios extensos, elaborar un currículum, estudiar con varias fuentes abiertas o manejar ciertos programas es más difícil desde una pantalla pequeña. La calidad de la conexión, el costo de los datos y las habilidades digitales también hacen diferencia. Por eso una política pública que celebre únicamente el número de usuarios puede quedarse corta.
El acceso a internet tiene una dimensión de justicia territorial. Si un estudiante rural necesita desplazarse para encontrar señal o una microempresa no puede cobrar con medios digitales de manera estable, la distancia física se convierte también en distancia económica. La tecnología debería reducir las desventajas del lugar donde alguien nació, no hacerlas más profundas.
Aquí aparece una tarea que no corresponde a un solo actor. El Estado debe asegurar infraestructura y reglas que favorezcan cobertura y competencia. Las empresas tienen que ofrecer servicios claros, confiables y con precios que no expulsen a los hogares de menores ingresos. Las escuelas deben enseñar a usar la red para investigar, producir y distinguir información. Las familias también tienen un papel: acompañar a niñas, niños y adolescentes para que internet sea herramienta y no sustituto de la vida fuera de la pantalla.
La brecha que sigue después de la antena
La conectividad tiene sentido cuando aumenta la capacidad de una persona para aprender, trabajar, emprender, participar y comunicarse. Ese criterio ayuda a evitar una obsesión por la infraestructura como fin en sí mismo. Poner una antena importa; conseguir que la comunidad pueda aprovecharla importa más.
La idea de subsidiariedad ofrece una pista útil para el diseño de soluciones. Los problemas no siempre se entienden mejor desde una oficina central. Una comunidad sabe dónde falla la señal, qué escuela necesita equipo, qué horario de servicio es insuficiente o qué trámite digital deja fuera a los adultos mayores. Acercar decisiones a quienes viven el problema puede convertir la conectividad en una herramienta de desarrollo y no en una cifra de cobertura.
México ha avanzado mucho en diez años. La pregunta que sigue es más exigente. ¿Qué puede hacer una persona con la conexión que tiene? Cuando la respuesta sea parecida en una colonia urbana y en una localidad rural, entonces podremos hablar de una brecha realmente cerrada.
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Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Social
La calle también debe cuidar la vida
Durante 2025 se registraron 380 mil 391 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas del país. El INEGI contabilizó 4 mil 571 personas muertas en el lugar del accidente y 86 mil 956 heridas. Las cifras no incluyen todo lo que ocurre en carreteras federales y tampoco representan a quienes fallecen después en un hospital. Aun con esas limitaciones, describen una pérdida humana que se repite todos los días.
Cuando ocurre un choque, la conversación suele buscar de inmediato a una persona culpable: iba rápido, se distrajo, había bebido, cruzó mal. La responsabilidad individual existe y no debe diluirse. Manejar un vehículo exige cuidado, respeto a las reglas y atención. Pero si miles de hechos parecidos se repiten, la pregunta no puede terminar en la conducta de cada conductor.
Una calle segura no depende de que todas las personas se comporten perfectamente; debe estar diseñada para que un error humano no se convierta con facilidad en una muerte. Esa idea cambia la forma de mirar banquetas, cruces, velocidades, iluminación, señalización y transporte público. Una avenida que permite circular a gran velocidad frente a una escuela envía un mensaje distinto al de una calle donde el diseño obliga a bajar el ritmo.
La ciudad también educa
Las calles enseñan conductas. Un paso peatonal borrado dice que cruzar a pie importa poco. Una banqueta bloqueada obliga a una persona con carriola, silla de ruedas o bastón a bajar al arroyo vehicular. Un semáforo que da pocos segundos al peatón supone que todos caminan rápido. Un tramo sin iluminación aumenta riesgos que después atribuimos a una mala decisión individual.
Los municipios tienen una responsabilidad enorme porque buena parte de la seguridad vial se juega en decisiones muy locales: dónde se coloca un reductor de velocidad, cómo se protege un cruce, si se sanciona el estacionamiento sobre banquetas, si se repara una luminaria y si una ruta de transporte deja a sus pasajeros en un punto seguro. Son tareas menos vistosas que una obra grande, pero pueden salvar vidas.
También importa la autoridad. Una regla que nunca se aplica deja de ser una regla. El uso de casco, cinturón, sistemas de retención infantil, límites de velocidad y prohibiciones de conducir bajo efectos del alcohol requieren vigilancia constante. La sanción tiene sentido cuando busca prevenir daño, no cuando se convierte en una fuente opaca de recaudación o abuso.
Moverse es una necesidad, no un privilegio
La seguridad vial toca un principio básico del bien común: todas las personas necesitan desplazarse, aunque no todas lo hagan en automóvil. Niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, ciclistas, motociclistas, pasajeros y peatones tienen la misma dignidad. El espacio público no debería premiar automáticamente al vehículo más grande o más rápido.
Esto no exige declarar una guerra al automóvil. Exige reconocer que la calle es compartida. Quien conduce tiene deberes porque puede causar daño; quien diseña y administra la vía también los tiene porque decide las condiciones en las que millones de personas se encuentran todos los días. Esa responsabilidad compartida es más útil que una discusión que divide a peatones y automovilistas como si fueran grupos enemigos.
Las cifras de 2025 sirven para contar accidentes. La tarea pública es lograr que el siguiente registro sea menor. Para eso hacen falta conductores responsables, autoridades que hagan cumplir la ley y calles que perdonen errores en lugar de multiplicar sus consecuencias. Una ciudad que cuida la vida se reconoce, entre otras cosas, por la manera en que permite llegar a casa.
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¿Por qué patrullan nuestras calles si el delito ahora vive en nuestros celulares?
Cinthia López Morales
El fraude y la extorsión lideran los delitos en México, impulsados por medios digitales y telefónicos. Con elevada impunidad, la cultura de prevención comunitaria resulta vital ante este crimen invisible.
México en pausa: por qué crecer 0.8% no es crecer
Carlos Abascal
Crecimiento 0.8% en 2025. Moody’s al borde del grado de inversión. Informalidad 54.8%. Salario mínimo, no promedio: la diferencia que cambia todo. Con fuentes.
¿De qué se independizó México? La historia real detrás del Grito
Carlos Abascal
¿México era una colonia oprimida? Jurídicamente, no exactamente. El Grito ocurrió el 16, no el 15. Y el mito de Porfirio Díaz es, en gran parte, falso. Con fuentes.
Adriana Dávila
Punto de vista
Democracia cercada
Una boleta planchada no cabe en una urna. Cualquiera que haya votado y haya sido funcionario de casilla lo sabe: para que una boleta llegue plana a la mesa de escrutinio, alguien tramposa e ilegalmente tuvo que ponerla ahí. El INE acaba de decidir que esas boletas cuentan como válidas.
El proceso electoral ya dio inicio y el acto simbólico de su arranque evidenció a quién obedece la presidenta de una institución que alguna vez fue ejemplo de organización en los comicios. La presencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación de nuestro país, va cerrando pinzas peligrosas que se complementan con decisiones del órgano, como la de dar por válidas las boletas planchadas.
Así funcionó durante muchos años el gobierno mexicano, lo que permitió sostener al PRI 70 años en el gobierno, paradójicamente, práctica que critica ahora en el oficialismo. Y con ello escuchamos a personajes como Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, decir que la presencia de Rosa Icela Rodríguez “fue cortesía política”.
Esa “cortesía” la extendió el gobierno con la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación, con la inclusión de 5 mil millones de pesos para los servidores de la nación, que se han convertido en el brazo de promoción electoral de Morena, bajo el pretexto de fortalecer el programa “Salud Casa por Casa”.
López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, usan Palacio Nacional como el bunker electoral de Morena. Así inició su mandato la hoy presidenta, en agosto de 2025, hizo el anuncio: Pablo Gómez sería el responsable de la Reforma Electoral del segundo piso de la transformación. En los siguientes meses se reconfirmaría la hipocresía oficialista: hablar de democracia mientras se acciona para eliminarla.
Pablo Gómez fue gris -o más bien un “florero”- en su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, por su trayectoria legislativa, muchos pensaron que existía la posibilidad de construir un mejor instrumento legal para los procesos electorales. Pero, como todos los miembros de la transformación, pronto mostró que sus principios -al menos los que se supone decía tener cuando fue opositor- tenían fecha de caducidad al llegar al poder.
Al inicio de 2026, Pablo Gómez cuestionaba la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) al señalar que “los órganos administrativos electorales no deben entenderse como entidades autónomas en el sentido estricto”. Con ello tiraba por la borda la lucha de millones de mexicanos que, luego del fraude de 1988, se organizaron para crear una institución ciudadana a cargo de las elecciones.
Ahí empezó la batalla que ganaron algunos partidos políticos del bloque oficialista, como el PT y el PVEM, que en su negociación lograron mantener el financiamiento público y la representación proporcional sin cambios. La oposición pensó que también había ganado cuando no se planteó como discusión prioritaria la autonomía e independencia del INE.
Pero la realidad es que el Gobierno de México no necesitaba regresar a Gobernación el control de los procesos electorales, porque desde la llegada de la actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, era evidente que la colonización de este órgano -como sucedió también con la CNDH- era un hecho.
Por eso, la colonización de una institución que debería ser ciudadana nos obliga a vigilar de manera extrema el actuar de la autoridad electoral y a construir un mecanismo paralelo que observe cada decisión tomada desde la presidencia del INE. No basta con advertirlo en voz baja: hay que denunciar cualquier abuso en instancias internacionales, redes sociales y medios de comunicación. Los mexicanos deben saberlo: el régimen no está perfeccionando la democracia; la está cercando.
Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Social
El costo de salir de la informalidad
Formalizarse o sobrevivir
Imagine un negocio que vende comida, repara celulares o tiene una pequeña papelería. No una empresa con departamentos de contabilidad, jurídico y recursos humanos. Un local en el que la misma persona compra insumos, atiende a los clientes, paga la luz y al final del día calcula si alcanzó para reponer mercancía. En México, ésa no es una figura marginal. Los Censos Económicos 2024 encontraron que 95.4% de las unidades económicas privadas y paraestatales eran microempresas de hasta diez personas.
Ahí empieza uno de los errores más frecuentes al hablar de formalización: suponer que todos los negocios enfrentan las mismas condiciones. La ley puede ser la misma; la capacidad para entenderla, pagar asesoría, absorber costos fijos y soportar una mala temporada no lo es.
Formalizar no puede significar simplemente trasladar al negocio más pequeño el mismo peso administrativo que soporta una empresa grande. Si el sistema quiere cumplimiento, tiene que hacer que cumplir sea posible.
Una economía llena de negocios diminutos
Los resultados definitivos de los Censos Económicos muestran una estructura reveladora. En 2023 operaban 5.47 millones de unidades económicas del sector privado y empresas paraestatales. Las microempresas representaban 95.4% del total, daban trabajo a 41.4% del personal ocupado y generaban 16% del valor agregado censal bruto. Las grandes, apenas 0.2% de las unidades, empleaban a 28.7% del personal y producían 54.3% del valor agregado.
La distancia no significa que el pequeño negocio sea inútil. Significa que suele producir con menos capital, tecnología, financiamiento y escala. Esa baja productividad importa porque formalizar tiene costos que son mucho más fáciles de absorber cuando cada trabajador genera más valor. Para una empresa grande, una obligación administrativa puede ser una línea en el presupuesto. Para un micronegocio puede ser la diferencia entre contratar a alguien o pedir ayuda a un familiar.
El mismo censo ofrece otro dato: 64.3% de las unidades económicas eran informales en 2023, frente a 62.6% en 2018. Pero producían sólo 3.6% del valor agregado censal bruto. Esa combinación resume el problema: muchísimos negocios operan en la informalidad y, al mismo tiempo, participan con una fracción pequeña de la producción de valor.
No confundir dos informalidades
Conviene hacer una precisión. La informalidad de las unidades económicas que miden los Censos Económicos no es exactamente lo mismo que la informalidad laboral de la ENOE. En julio de 2026, la tasa de informalidad laboral fue de 56.2% y abarcó 34.1 millones de personas. Puede existir un trabajador informal dentro de una unidad económica registrada y puede haber un negocio informal en el que trabajan varias personas. Mezclar los indicadores lleva a conclusiones fáciles y equivocadas.
Lo común entre ambos fenómenos es la dificultad para integrar a millones de personas y negocios en un sistema donde pagar impuestos, cotizar a la seguridad social, emitir comprobantes y cumplir obligaciones laborales sea una práctica normal en vez de una frontera que se cruza de golpe.
El verdadero cálculo del pequeño negocio
La decisión de formalizarse rara vez se toma en abstracto. El dueño de un micronegocio calcula si tendrá que pagar contador, cuánto subirán sus costos por registrar trabajadores, si podrá cumplir con vacaciones y prestaciones, si sus clientes le exigirán factura, si tendrá acceso a crédito y qué ocurrirá en un mes malo. También calcula algo menos visible: si entrar al sistema le traerá beneficios que pueda percibir de inmediato o sólo nuevas obligaciones.
Eso no justifica esconder trabajadores que deberían estar registrados ni evadir responsabilidades. Una empresa que tiene capacidad de cumplir y decide transferir riesgos al trabajador no está “sobreviviendo”: está compitiendo a costa de alguien. Pero un diseño inteligente debe distinguir ese caso de quien opera con márgenes mínimos y necesita una ruta gradual para crecer.
La formalidad sólo será sostenible cuando deje de sentirse como una penalización al crecimiento y empiece a verse como una puerta a protección, crédito, productividad y continuidad.
Lo que ya se está intentando
El IMSS ofrece desde 2024 un esquema simplificado para personas trabajadoras independientes. En marzo de 2026 acumulaba 401,739 registros. La persona declara su ingreso y puede cubrir cuotas con distintas periodicidades. El programa da acceso a servicios médicos, riesgos de trabajo, invalidez, vida, retiro, guarderías y otras prestaciones. La existencia de este esquema reconoce un hecho que durante años se trató mal: trabajar por cuenta propia no debería condenar a vivir fuera de la seguridad social.
La reforma de plataformas digitales siguió otra lógica: en vez de exigir que el trabajador se convierta por completo en asalariado tradicional, creó reglas para una relación laboral intermitente y mediada por aplicaciones. Las personas trabajadoras del hogar tienen también un esquema especial donde cada empleador registra y paga conforme al salario y los días trabajados. Son respuestas distintas para realidades distintas.
La pregunta que plantea la OCDE
En 2025, la OCDE publicó una propuesta para ampliar protección social y reducir informalidad en México. Una de sus ideas centrales es disminuir la dependencia entre protección social y empleo formal, especialmente en salud, y financiar una cobertura más amplia con impuestos generales en vez de cargar cada vez más las contribuciones sobre la nómina. La lógica es simple: si contratar formalmente es mucho más caro que hacerlo de manera informal, el propio sistema crea un incentivo que trabaja en contra de la formalización.
La OCDE también insiste en productividad, habilidades y digitalización. No es un detalle. Si un negocio sigue produciendo poco por hora trabajada, cualquier nueva obligación será difícil de sostener. Formalizar sin elevar productividad puede convertir el cumplimiento en una carga frágil. Elevar productividad sin reconocer derechos puede producir crecimiento que no llega a la persona.
Cumplir debe valer la pena
Una buena política de formalización tendría que ofrecer una secuencia. Primero, trámites sencillos y comprensibles. Después, contribuciones graduales y proporcionales al tamaño e ingreso. En paralelo, acceso real a seguridad social, crédito y capacitación. Y finalmente, vigilancia firme para evitar que empresas con capacidad de cumplir se escondan detrás de contratos simulados o esquemas de honorarios que en realidad encubren subordinación.
Hay un principio elemental detrás de esto: exigir responsabilidad funciona mejor cuando la autoridad también asume la suya. El ciudadano debe cumplir la ley. El Estado debe diseñar una ley que pueda cumplirse y entregar a cambio instituciones que funcionen. El empresario debe reconocer que detrás de cada costo laboral hay una persona y una familia. Y la sociedad debe dejar de tratar al pequeño negocio como si fuera irrelevante: millones de hogares dependen de él.
No hay justicia en un sistema que tolera la evasión del poderoso y asfixia al pequeño que intenta entrar. Formalizar exige reglas, pero también proporción.
Dejar de elegir entre dos males
México lleva décadas conviviendo con una informalidad superior a la mitad del empleo. Eso debería bastar para aceptar que no estamos ante un problema de conducta individual que se resuelve con campañas. Es una arquitectura económica. Una parte del país produce y trabaja fuera del sistema porque ahí encontró flexibilidad; otra, porque no tuvo alternativa; otra, porque la regulación no logró alcanzarla; y otra, porque decidió incumplir.
La política pública tendrá que separar esas historias. Sancionar a quien abusa. Acompañar a quien quiere crecer. Hacer más barato y sencillo entrar. Dar protección que se sienta en la vida cotidiana. Y dejar de imaginar que la formalidad es un trámite que se firma una vez: es una relación de confianza que debe sostenerse todos los meses.
El pequeño negocio no debería tener que elegir entre cumplir o sobrevivir. Si México quiere que salga de la informalidad, la formalidad tendrá que convertirse en una forma viable de sobrevivir y, después, de prosperar.
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