Una familia puede enfrentar una disyuntiva conocida: pagar necesidades inmediatas o ahorrar para una reparación que evitará problemas mayores. Un gobierno enfrenta algo parecido, pero a escala nacional. Debe financiar pensiones, salud, educación y apoyos, y al mismo tiempo construir carreteras, redes eléctricas, agua y transporte que sostendrán crecimiento futuro.
Luz Tlāltikpakayotl
EUM SEIE 26 octubre 2026
Panorama Global 2026 presenta esta tensión de manera provocadora: el gasto social ha aumentado mientras la inversión física federal muestra debilidad en términos reales. La misma presentación estima 29.4 millones de beneficiarios de programas de transferencias y un gasto cercano a 3 por ciento del PIB, frente a 0.5 por ciento en 2018. Esas cifras del documento base deben leerse junto con el presupuesto oficial más reciente.
No son categorías enemigas
El gasto social puede tener efectos productivos. Una beca puede evitar deserción; una pensión sostiene consumo; una transferencia puede reducir pobreza extrema. La inversión física también tiene dimensión social: agua, carreteras, hospitales y electricidad mejoran calidad de vida.
Por eso la pregunta correcta no es qué tipo de gasto es “bueno”, sino qué resultados produce cada peso.
El problema comienza cuando el presupuesto se vuelve rígido y obliga a sacrificar mantenimiento e inversión porque casi todo el gasto ya está comprometido.
Qué dicen los presupuestos actuales
El PEF 2026 contempla alrededor de 1.25 billones de pesos de gasto de inversión, de los cuales cerca de 77 por ciento corresponde a inversión física. Para el proyecto de 2027, Hacienda reporta aproximadamente 1.13 billones de gasto de inversión, con una composición donde la inversión física representa 91 por ciento.
Comparar montos nominales entre años no basta porque existe inflación y cambian clasificaciones. La señal importante es evaluar la inversión como porcentaje del PIB, su calidad y ejecución real.
La calidad importa tanto como el monto
Una obra sin demanda, con sobrecostos o sin mantenimiento puede tener poco retorno. Una intervención pequeña en agua o logística puede generar beneficios enormes. El debate presupuestal necesita análisis de costo-beneficio y evaluación posterior.
Lo mismo vale para programas sociales. La cobertura no sustituye medición de resultados. ¿Mejoró ingreso permanente, salud, educación o empleabilidad? Si no se pregunta, el gasto puede convertirse en una obligación política sin aprendizaje.
Hacienda promete consolidación gradual
El Paquete Económico 2027 plantea reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público a 3.9 por ciento del PIB, desde 4.1 estimado para 2026. También anuncia mayores recursos para educación, ciencia, salud y seguridad, y una inversión pública y mixta de 5.7 billones de pesos entre 2026 y 2030.
Es una estrategia que busca evitar un ajuste brusco. La prueba será si los ingresos y el crecimiento permiten cumplirla.
La familia como criterio presupuestal
Las cifras fiscales parecen lejanas, pero terminan en servicios concretos. Una madre necesita un centro de salud que tenga medicamentos; un trabajador requiere transporte para llegar a su empleo; una empresa necesita electricidad; un estudiante, escuela.
El presupuesto público es una forma de decidir qué necesidades presentes atendemos y qué capacidades dejamos para el futuro.
Esa decisión tiene una dimensión intergeneracional. Si consumimos todo hoy y financiamos la diferencia con deuda, quienes vienen después recibirán obligaciones sin suficientes activos. Si recortamos protección indispensable, dañamos a personas que no pueden esperar años a que el crecimiento llegue.
El debate que México necesita
México no tiene que elegir entre solidaridad e inversión. Tiene que exigir eficacia en ambas. Programas sociales focalizados y evaluables; inversión con retorno social; recaudación suficiente; transparencia y disciplina fiscal.
La pregunta madura no es “¿cuánto gasta el gobierno?”, sino “¿qué cambia en la vida de la gente y qué capacidad productiva queda construida?”. Ahí se encuentra el equilibrio entre atender el presente y no hipotecar el mañana.
Sonia Domínguez Ramírez
• Panorama Global
El encarecimiento de la vida aviva las protestas
El encarecimiento de los alimentos y los combustibles, las tasas de interés más altas y la falta de oportunidades están agravando el descontento social y profundizando las desigualdades en un mundo sacudido por las guerras. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió que esta combinación alimenta las protestas y multiplica las consecuencias económicas y humanitarias de los conflictos.
En declaraciones a la prensa en Nueva York, el pasado jueves antes de viajar a Egipto, Guterres llamó a frenar la expansión de las guerras, proteger a la población civil y abrir espacios para la diplomacia y la paz.
El funcionario señaló que el aumento del costo de la vida afecta a personas y países, mientras que para los jóvenes se aleja la posibilidad de acceder a un futuro con mejores oportunidades. Estas presiones económicas, sostuvo, están relacionadas con el malestar que ha llevado a personas de Francia, Italia y otros lugares a salir a las calles para expresar su inconformidad.
Guterres afirmó que, aunque los actos violentos y las actividades delictivas deben tener consecuencias, las autoridades no pueden ignorar las demandas legítimas de quienes protestan pacíficamente. Consideró necesario entender cómo esas reivindicaciones se relacionan con las tensiones que atraviesan distintas sociedades.
La desigualdad hace que las crisis no afecten a todos por igual. Mientras algunas personas pueden afrontar el aumento de los precios, otras deben decidir entre cubrir necesidades básicas, como alimentarse o pagar la calefacción. Una situación similar ocurre entre países: los gobiernos con mayor capacidad para obtener financiamiento pueden destinar recursos a proteger a su población, mientras que otros deben elegir entre pagar sus deudas o invertir en salud, educación y desarrollo.
El secretario general sostuvo que las guerras no originan por sí solas todas estas desigualdades, pero las profundizan y agravan sus efectos. Además de las pérdidas humanas y la destrucción de infraestructura, los conflictos alteran los mercados energéticos, el transporte marítimo, las cadenas de suministro y los sistemas financieros, con consecuencias que rebasan las zonas de combate.
Entre los escenarios que mencionó están Oriente Medio, Ucrania y Sudán, donde la población civil y la infraestructura esencial, como viviendas, hospitales, escuelas e instalaciones energéticas, sufren los efectos de la violencia. La expansión de los conflictos, advirtió, multiplica el sufrimiento y desvía recursos que podrían destinarse al desarrollo.
Sobre Yemen, Guterres expresó preocupación por la escalada en torno a la ciudad de Taiz y por los ataques hutíes contra objetivos civiles en Arabia Saudita. Advirtió que la violencia agrava las necesidades humanitarias, provoca desplazamientos y aumenta las tensiones regionales, por lo que pidió contención y diálogo político.
En el territorio palestino ocupado, señaló que Israel mantiene severas restricciones a la entrada de ayuda esencial mientras se acerca el invierno. También alertó sobre las dificultades para implementar el plan respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU para poner fin al conflicto en Gaza y sobre los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania.
Ante la emergencia humanitaria, Guterres pidió a los donantes aumentar sus aportaciones al Programa Mundial de Alimentos, que necesita urgentemente “450 millones de dólares” para financiar sus operaciones en Gaza y Cisjordania durante los próximos seis meses. Asimismo, reiteró la necesidad de una solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino.
El secretario general llamó a atender las desigualdades que dividen a las sociedades y a contener los conflictos que elevan los precios, reducen los recursos disponibles para el desarrollo y agravan el sufrimiento de las poblaciones más vulnerables. Afirmó que garantizar seguridad y dignidad requiere respuestas de los gobiernos y de las instituciones internacionales.
Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Social
La radiografía de 10.8 millones de niños
Durante el ciclo escolar 2025-2026, México realizó una operación sanitaria de una escala poco común: valoró a 10 millones 826 mil 294 niñas y niños de 83 mil 728 primarias públicas. Las brigadas midieron peso y talla, revisaron salud bucal y agudeza visual y generaron un expediente de resultados para las familias.
El dato no es menor. Durante años, buena parte de la discusión sobre salud infantil se sostuvo en encuestas representativas, indispensables para conocer tendencias nacionales. La estrategia Vive saludable, vive feliz añadió otra herramienta: un tamizaje masivo dentro de las escuelas públicas que permite identificar riesgos concretos en millones de estudiantes y canalizarlos a servicios de salud.
Cuatro señales que no pueden ignorarse
El balance presentado por la Secretaría de Educación Pública en agosto de 2026 resume cuatro hallazgos: cuatro de cada diez estudiantes presentan sobrepeso u obesidad; uno de cada diez, bajo peso; cuatro de cada diez, problemas de agudeza visual; y seis de cada diez, caries. Son proporciones redondeadas y derivadas de un tamizaje escolar, por lo que no deben confundirse con diagnósticos clínicos definitivos ni extrapolarse automáticamente a toda la niñez mexicana.
Aun con esa cautela metodológica, la magnitud obliga a cambiar la conversación: la salud escolar dejó de ser un asunto periférico y se convirtió en una condición básica para aprender, desarrollarse y participar plenamente en la vida cotidiana.
Las cuatro señales tampoco significan lo mismo. El exceso de peso requiere seguimiento nutricional y cambios sostenidos en hábitos y entorno; el bajo peso necesita confirmar causas y descartar problemas médicos o alimentarios; una alteración visual demanda una segunda valoración; y una caries requiere prevención, pero también tratamiento cuando existe daño dental.
Detectar no es resolver
La política pública será exitosa sólo si logra cerrar la distancia entre tamizaje y atención. La SEP informó en julio que las instituciones de salud habían brindado más de ocho millones de atenciones médicas en más de 4 mil 500 clínicas del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y centros de salud. En agosto se informó además que cada niña o niño tamizado fue vinculado con la clínica más cercana a su domicilio.
Es un avance relevante, pero la cifra de “atenciones” no equivale necesariamente a ocho millones de niñas y niños con su problema resuelto. Una misma persona puede requerir varias consultas; una cita puede confirmar que no existe patología; y otras familias pueden no completar el proceso por tiempo, transporte, horarios laborales o saturación de servicios.
La nueva pregunta nacional ya no debe ser cuántos niños fueron revisados, sino cuántos recibieron la atención que necesitaban y cuántos mejoraron efectivamente su salud.
Una oportunidad extraordinaria
El censo de salud escolar puede convertirse en algo más importante que una fotografía de 2026. El Gobierno anunció que el expediente digital se actualizará y que la prevención será una práctica permanente. Si el sistema conserva comparabilidad, protege los datos personales y publica resultados agregados, México podría saber año con año si disminuyen las caries, si se corrigen problemas visuales y si cambian las prevalencias de mala nutrición.
Eso permitiría evaluar políticas que hoy suelen medirse por actividad —número de brigadas, pláticas o materiales entregados— y no por resultados en la vida de los niños. También haría visibles las desigualdades territoriales: una cifra nacional puede ocultar estados, municipios o comunidades donde el acceso a tratamiento sea mucho menor.
La salud comienza mucho antes del hospital
La escuela es un lugar privilegiado para detectar porque concentra a millones de niños todos los días. Pero no puede resolver sola. La alimentación se decide también en casa, la actividad física depende de espacios seguros, la salud dental necesita hábitos y servicios, y los lentes sólo sirven si el niño los recibe y los utiliza. La respuesta exige coordinación entre familia, escuela, sistema sanitario, comunidad y proveedores privados que participen bajo reglas claras.
Esta serie parte de una convicción simple: prevenir en la infancia es una de las inversiones sociales con mayor capacidad de transformar el futuro. No porque todos los problemas puedan eliminarse, sino porque una enfermedad detectada a tiempo suele ser menos costosa, menos dolorosa y menos limitante que la misma enfermedad ignorada durante años.
México ya hizo la radiografía. La prueba decisiva será demostrar que sabe convertir esa información en salud, aprendizaje y mejores oportunidades para sus niños.
Fuentes consultadas
• SEP, Subsecretaría de Educación Básica. “Balance de Resultados del Censo de Salud a estudiantes de primarias públicas”, 26 de agosto de 2026. https://educacionbasica.sep.gob.mx/subsecretaria-noemi-juarez-da-balance-de-resultados-del-censo-de-salud-a-estudiantes-de-primarias-publicas/
• SEP. Comunicado conjunto 17, “En Chiapas, consolidan Vive saludable, vive feliz rumbo al ciclo 2026-2027”, 26 de agosto de 2026. https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-conjunto-17-en-chiapas-consolidan-vive-saludable-vive-feliz-rumbo-al-ciclo-2026-2027-ya-beneficio-a-10-8-millones-de-alumnos
• SEP. Boletín 223, “Vive Saludable, Vive Feliz continuará como política permanente en las escuelas del país”, 5 de julio de 2026. https://www.gob.mx/sep/prensa/boletin-223-vive-saludable-vive-feliz-continuara-como-politica-permanente-en-las-escuelas-del-pais-mario-delgado
• SEP. Comunicado conjunto 11, “Gobierno de México cierra Jornadas Nacionales de Salud; atendió a 10.8 millones de estudiantes en 2025-2026”, 1 de julio de 2026. https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-conjunto-11-gobierno-de-mexico-cierra-jornadas-nacionales-de-salud-atendio-a-10-8-millones-de-estudiantes-en-2025-2026
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Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Económico
Trabajadores en plataformas digitales ¿más derechos?
Uber, DiDi, Rappi y otras plataformas modificaron la relación entre trabajo, horario y empleador. El modelo ofrece flexibilidad y oportunidades de ingreso, pero también trasladó al trabajador riesgos que en un empleo tradicional suelen repartirse mediante seguridad social: accidentes, enfermedad, incapacidad y ahorro para el retiro.
México decidió intervenir con un esquema nuevo. La pregunta ya no es si debe existir protección, sino si el modelo diseñado logra combinar flexibilidad con derechos.
Un universo que ya supera el millón
Al cierre de septiembre de 2026, el IMSS reportó 1,841,772 personas beneficiadas por la reforma en materia de plataformas digitales. De ellas, 207,387 superaron el umbral de ingreso neto mensual y fueron registradas por 18 plataformas como puestos de trabajo con acceso a los cinco seguros del Instituto.
Quienes no alcanzaron el umbral no quedan completamente fuera: cuentan con cobertura del Seguro de Riesgos de Trabajo durante la actividad. En caso de accidente en trayecto o enfermedad asociada al servicio, el esquema contempla atención médica y pago de incapacidad conforme a las reglas aplicables.
El ingreso mensual define el nivel de protección
La reforma considera trabajadora independiente a la persona que al final del mes no alcanza ingresos netos equivalentes al menos a un salario mínimo mensual de la Ciudad de México. En ese caso puede realizar una incorporación retroactiva como persona trabajadora independiente para ampliar su cobertura.
El diseño reconoce una realidad importante: no todos usan la plataforma de la misma manera. Para algunos es la principal fuente de ingreso; para otros, una actividad complementaria de pocas horas. Obligar a tratar de forma idéntica ambos casos podría generar distorsiones. Pero diferenciar niveles de cobertura también crea nuevas preguntas sobre continuidad y suficiencia de derechos.
Lo que ya se ganó
La principal ganancia es que el riesgo dejó de ser invisible. Un repartidor que sufre un accidente mientras trabaja no enfrenta hoy exactamente el mismo vacío institucional que existía antes del nuevo esquema. Quienes superan el umbral acceden, además, a Enfermedades y Maternidad; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía y Vejez; Guarderías y Prestaciones Sociales.
La innovación laboral no debería significar que el trabajador absorba solo todos los riesgos de una actividad que también genera valor para la plataforma y para los consumidores.
Las preguntas que todavía no están resueltas
El primer desafío es medir ingresos netos de manera transparente. Combustible, mantenimiento del vehículo, datos móviles, comisiones y tiempos de espera influyen en la ganancia real. El segundo es la continuidad: una persona puede superar el umbral un mes y quedar debajo al siguiente. El tercero es la multiactividad: muchos trabajadores combinan varias plataformas o incluso un empleo formal con trabajo digital.
También falta evaluar los efectos sobre horarios, precios y oferta de trabajo. Si el costo de la protección se traslada completamente al usuario o reduce el ingreso del trabajador, el objetivo social puede terminar debilitándose. Si, en cambio, se distribuye de forma razonable entre plataformas, trabajadores y sistema de seguridad social, México podría estar construyendo una referencia para otros empleos flexibles.
Un laboratorio para el futuro del trabajo
El caso de las plataformas es importante más allá de repartidores y conductores. Cada vez más personas combinan empleo asalariado, servicios independientes y actividades digitales. El sistema de protección diseñado para una carrera estable con un solo patrón tendrá que aprender a convivir con trayectorias fragmentadas.
El éxito de la reforma no debe medirse únicamente por cuántos registros genera, sino por si reduce la vulnerabilidad sin destruir la flexibilidad que hace atractivo el modelo.
El experimento apenas está produciendo evidencia. Por eso conviene evitar dos extremos: declarar que toda plataforma explota necesariamente a sus trabajadores o asumir que la flexibilidad justifica cualquier ausencia de derechos. La pregunta útil es más exigente: qué protección necesita una persona cuando su trabajo es flexible, variable y mediado por algoritmos, y cómo repartir de manera justa el costo de esa protección.
¿Por qué colapsó el sistema de salud pública en México y a quiénes afecta?
Cinthia López Morales
La cancelación del Seguro Popular y la falla del Insabi saturaron el IMSS-Bienestar, sumando cincuenta y siete millones de usuarios sin recursos financieros suficientes, desatando una severa crisis médica nacional
Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Social
El 17% de los adultos mexicanos tiene diabetes
La mayoría de las personas espera sentir algo antes de buscar ayuda. Es una costumbre comprensible: la vida exige trabajo, traslados, dinero para el transporte y tiempo que casi nunca sobra. Pero la diabetes tipo 2 y la hipertensión no respetan ese calendario. Pueden avanzar sin un síntoma inequívoco durante años. La primera señal reconocible, en ocasiones, llega cuando ya existe una lesión en los ojos, los riñones o el sistema cardiovascular. Precisamente por eso resulta engañoso afirmar que una persona sana es simplemente aquella a la que nada le duele. La ausencia de molestias no equivale a una evaluación médica.
Lo que sí sabemos
El estudio de Reyes-García y colaboradores, basado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021-2024, estimó una prevalencia de diabetes tipo 2 de 17% en adultos: 11.6% con diagnóstico previo y 5.4% sin diagnóstico. Expresado de otra manera, aproximadamente una tercera parte de quienes tenían diabetes desconocían vivir con ella. En hipertensión, la investigación encabezada por el Instituto Nacional de Salud Pública informó una prevalencia de 29.1% y un desconocimiento del diagnóstico de 40.5% entre quienes tenían esa condición. Son estimaciones poblacionales; no permiten saber quién está enfermo a partir de su aspecto ni prueban que todos los casos se habrían evitado.
El momento perdido
El diagnóstico tardío no empieza necesariamente en el hospital. Puede comenzar cuando nadie pregunta por antecedentes familiares, cuando la presión arterial no se toma en una consulta por otro motivo, cuando un análisis de glucosa queda pendiente o cuando un resultado alterado no se explica al paciente. También ocurre cuando la persona recibe la indicación de volver, pero no consigue cita. La investigación debe diferenciar estas situaciones. No es igual el desconocimiento por falta de contacto con los servicios que la omisión durante una consulta o la dificultad para completar estudios. Si se mezclan, cualquier respuesta pública termina siendo una campaña genérica de buenos hábitos.
Una responsabilidad compartida, pero desigual
Es válido pedir a cada persona que atienda su salud, haga preguntas y siga indicaciones médicas. No sería justo convertir esa responsabilidad en una acusación contra quien trabaja jornadas extensas o habita lejos de una unidad médica. El sistema dispone de información epidemiológica suficiente para conocer grupos de riesgo y ofrecer evaluaciones oportunas conforme a criterios clínicos. La primera exigencia ética consiste en no abandonar a quienes tienen menos margen para defenderse. Una cultura de cuidado comienza cuando el vecino, el familiar y el médico dejan de tratar la prevención como un lujo personal.
Qué tendría que cambiar
La respuesta requiere algo más que repetir que hay que hacerse chequeos. Las unidades deben identificar factores de riesgo, explicar con claridad qué prueba corresponde y asegurar que los resultados se revisen. La autoridad necesita medir cuántas personas fueron evaluadas, cuántas recibieron confirmación diagnóstica y cuántas iniciaron tratamiento. Esos tres momentos no son intercambiables. Una feria de salud con cientos de mediciones puede ser útil, pero su efecto será limitado si nadie busca después a las personas con resultados preocupantes. Detectar significa abrir la puerta de la atención, no entregar un papel y despedirse.
Lo que revelan las preguntas pendientes
Al preguntar por el último examen, muchos ciudadanos no sabrían precisar qué prueba corresponde a su edad o condición. Esa incertidumbre no es una culpa: el profesional debe indicar y explicar las pruebas, y el sistema debe facilitar su cumplimiento. Una detección indiscriminada también puede producir falsos positivos, ansiedad o estudios innecesarios. El punto no es hacer análisis a todos sin criterio, sino organizar una búsqueda razonada entre quienes presentan factores de riesgo. Por ello, las campañas deben publicar sus criterios, procurar consentimiento informado y explicar cómo se utilizarán los resultados. La prevención requiere prudencia tanto como voluntad.
¿Qué significa una cifra de prevalencia para una familia? No que cada hogar tenga idéntica probabilidad de enfermedad ni que el futuro esté escrito. Significa que existe un problema suficientemente extendido para justificar respuestas públicas. También significa que hay una diferencia entre reducir riesgo y garantizar salud. Una persona puede adoptar conductas responsables y enfermar; otra puede vivir años sin síntomas. El lenguaje periodístico debe evitar culpabilizar a quienes padecen diabetes o hipertensión. Investigar la detección tardía exige reconocer decisiones personales sin convertirlas en una explicación universal.
La ausencia de testimonios obtenidos de primera mano no autoriza a inventar pacientes con nombre y edad. Una segunda etapa periodística deberá entrevistar, con consentimiento, a personas diagnosticadas durante otra consulta y contrastar sus recuerdos con documentación clínica cuando acepten compartirla. Allí aparecerán preguntas que la encuesta no responde: ¿cuándo sintieron que algo iba mal?, ¿quién les recomendó revisarse?, ¿cómo recibieron el resultado?, ¿qué obstáculos encontraron? Ese trabajo daría rostro al problema sin sacrificar la veracidad. Mientras tanto, los datos respaldados bastan para reconocer que la detección oportuna no puede seguir dependiendo del azar.
La investigación que todavía debe hacerse
¿Qué proporción de los diagnósticos nuevos surge en controles programados y cuál se descubre durante una urgencia? ¿Qué factores llevaron a las personas a consultar tarde? ¿Cómo variaron esas experiencias entre trabajadores, adultos jóvenes y personas mayores?
Estas preguntas exigen expedientes anonimizados, solicitudes de información y entrevistas originales con profesionales y pacientes que acepten participar. No se presentan aquí declaraciones ciudadanas inventadas, ni se atribuyen a una institución resultados que todavía no haya publicado. La evidencia disponible identifica el problema; la reportería de campo debe explicar sus mecanismos locales. Esa distinción protege al lector de conclusiones precipitadas y permite que la discusión pública se concentre en cambios que realmente puedan comprobarse.
Lo que sí puede exigirse desde ahora
Una ruta clara para evaluar factores de riesgo, confirmar hallazgos y orientar a cada persona. Una comunidad que reconoce el valor de cada vida puede pedir explicaciones a sus instituciones sin convertir al enfermo en culpable ni al personal sanitario en enemigo. El cuidado serio combina conocimiento, presencia y rendición de cuentas. La prueba final no está en la retórica de las campañas, sino en lo que cambia para la persona que busca ayuda antes de que sea demasiado tarde.
Qué indican las fuentes y qué no permiten afirmar
Las estadísticas citadas proceden de fuentes con métodos y poblaciones diferentes. Ensanut permite estimar prevalencia y brechas de diagnóstico en la población adulta; los datos del IMSS describen servicios y personas atendidas por esa institución; los protocolos de la OMS, OPS y autoridades mexicanas establecen orientaciones y obligaciones. Ninguna de esas fuentes, por sí sola, demuestra que una muerte específica pudo evitarse. Una conclusión periodística responsable distingue enfermedad detectada, enfermedad tratada, enfermedad controlada y desenlaces clínicos. Confundirlos sería una forma de exageración, incluso cuando la preocupación humana es legítima.
El siguiente paso es exigir indicadores que permitan comparar las promesas con lo vivido en los consultorios. Esto requiere plazos claros, información abierta y reconocimiento de las diferencias entre comunidades. No hace falta esperar a una tragedia personal para interesarse por los protocolos de atención. Precisamente porque las enfermedades silenciosas pueden avanzar mientras todo parece normal, la conversación pública debería comenzar antes de la urgencia.
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Luz Tlāltikpakayotl
• Análisis Económico
Europa: tasas altas, bolsillo quebrado
Pagar la hipoteca, pedir un préstamo para comprar maquinaria o financiar la apertura de un pequeño negocio tiene algo en común: el precio del dinero. En Europa ese precio volvió a subir justo cuando muchos esperaban que la inflación permitiera aliviarlo. El 10 de septiembre de 2026, el Banco Central Europeo (BCE) elevó sus tres tasas oficiales en un cuarto de punto porcentual. No fue una señal de relajación monetaria. Fue la respuesta a un problema que había recuperado fuerza: el aumento de los precios.
La decisión llevó la tasa de depósito al 2.50%, la de las operaciones principales de financiación al 2.65% y la de facilidad marginal de crédito al 2.90%, vigentes desde el 16 de septiembre. Un mes después, Eurostat confirmó que la inflación anual de septiembre había llegado a 3.8%, frente al 3.2% de agosto. La meta del BCE sigue siendo 2% a medio plazo. Detrás de esa diferencia de 1.8 puntos hay decisiones que afectan el gasto cotidiano de millones de hogares.
No es una discusión exclusiva de banqueros. Las tasas influyen en cuánto pagará una familia por su vivienda, en la posibilidad de que una empresa contrate trabajadores y en las cuentas de gobiernos que deben refinanciar deuda. La dificultad es que bajar los tipos demasiado pronto podría alimentar una nueva subida de precios, mientras mantenerlos altos por demasiado tiempo puede frenar proyectos que necesitan financiamiento.
Una inflación que volvió por la energía
El último repunte no cayó por igual sobre todos los productos. Eurostat calculó que la energía aportó 1.71 puntos porcentuales a la inflación anual de septiembre; los servicios agregaron 1.52 puntos. Esas contribuciones explican buena parte del alza total. No significa que el precio de cada recibo de electricidad subiera exactamente esa cantidad: los puntos porcentuales son la contribución de cada componente a un índice que promedia consumos diferentes.
Para un hogar de ingresos limitados, un encarecimiento de energía no se resuelve dejando de comprar un artículo prescindible. La calefacción, el transporte y la electricidad forman parte de su presupuesto esencial. También encarecen el trabajo de panaderías, talleres y pequeños negocios. El impacto puede aparecer después en el precio de productos que no tienen relación directa con el petróleo.
El BCE explicó en septiembre que el conflicto en Oriente Medio seguía alimentando presiones inflacionarias. Esa explicación institucional debe leerse junto con otra advertencia del propio banco: el panorama económico es incierto y dependerá, entre otros factores, de la intensidad y duración del choque energético. Un escenario de precios altos sostenidos no es equivalente a uno de normalización rápida. La autoridad monetaria necesita prepararse para ambos sin presentar sus previsiones como certezas.
La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, ayuda a distinguir una perturbación temporal de presiones más persistentes. En la estimación rápida de septiembre, ese indicador rondaba 2.5%. La diferencia respecto al índice general demuestra por qué conviene evitar titulares que hablen de una inflación homogénea. Los precios cambian con distintas velocidades y tienen efectos desiguales entre hogares.
El banco central tiene una misión, no una varita
El BCE fue creado para preservar la estabilidad de precios en una moneda compartida por países con economías distintas. Su herramienta más visible es la tasa de interés, aunque también dispone de operaciones de liquidez y mecanismos para procurar que sus decisiones se transmitan de manera ordenada al sistema financiero.
Cuando sube las tasas, las entidades bancarias tienden a revisar el costo de sus préstamos. Una empresa que estaba considerando una expansión puede postergar la inversión si las cuotas dejan de ser manejables; una familia que pensaba comprar una vivienda puede optar por seguir alquilando. Esa moderación de la demanda es parte del mecanismo con el que se busca contener la inflación. Pero no ocurre de forma instantánea, ni afecta a todos con la misma intensidad.
La transmisión depende de si los créditos tienen tasa fija o variable, del plazo, de la competencia entre bancos y de la situación económica de cada país. Quienes ya están endeudados a tasa fija pueden estar relativamente protegidos en el corto plazo. Quienes necesitan renovar su financiamiento sienten antes el cambio. Por eso una decisión de un cuarto de punto no permite calcular, por sí sola, cuánto pagará cada ciudadano.
Tampoco sería preciso decir que el crédito se ha detenido. Según las estadísticas del BCE de agosto de 2026, los préstamos ajustados a hogares crecían 3.1% anual y los dirigidos a empresas no financieras, 4.2%. Ambas cifras indican que el financiamiento seguía expandiéndose, aunque a ritmos distintos. El desafío es preservar un crédito útil, capaz de financiar actividad real, sin convertir la abundancia de dinero en un nuevo factor inflacionario.
Una misma moneda, economías diferentes
La zona del euro reúne países con distinta estructura industrial, niveles de endeudamiento y formas de financiar vivienda y empresas. Las tasas oficiales son comunes, pero el precio final de un préstamo puede variar de un banco a otro y de una economía a otra. También varía el rendimiento de los bonos soberanos, que incorpora expectativas sobre inflación, solvencia y riesgo.
Una diferencia entre los rendimientos de deuda alemana, italiana o española no puede atribuirse solamente a la última reunión del BCE. Intervienen perspectivas fiscales y factores propios de cada mercado. Aun así, si las divergencias se amplían de manera desordenada, una misma decisión monetaria puede terminar transmitiéndose de forma desigual. El BCE dispone de un instrumento diseñado para responder a episodios injustificados de fragmentación financiera, pero su existencia no elimina las obligaciones fiscales de los gobiernos.
La consecuencia social es clara: las familias no viven en la abstracción de una tasa europea uniforme. Viven en países con salarios, impuestos, servicios públicos y mercados de vivienda diferentes. La estabilidad monetaria debe evaluarse en ese contexto, sin confundir la misión de un banco central con todas las responsabilidades de la política económica.
El crecimiento que se busca no perder
El BCE proyectó en septiembre un crecimiento económico de 0.9% para 2026, de 1.4% en 2027 y de 1.5% en 2028. Calculó una inflación promedio de 3.0% para 2026 y de 2.5% para 2027. Son escenarios oficiales, no resultados consumados. La combinación refleja el problema: la actividad podría avanzar modestamente mientras los precios tardan más de lo deseado en estabilizarse.
Los gobiernos conservan instrumentos que el banco central no tiene. Pueden mejorar la eficiencia energética, revisar obstáculos a la competencia, apoyar capacitación o cuidar sus cuentas públicas. Un subsidio generalizado, sin diagnóstico ni fecha de término, puede consumir recursos que faltan para proteger a quienes más lo necesitan. De la misma manera, una política monetaria demasiado dura podría terminar trasladando a empleados y pequeños negocios el costo completo de contener la inflación.
En México también conviene mirar este debate. Las relaciones comerciales y los flujos de inversión conectan ambas economías, aunque eso no significa que una decisión en Fráncfort se traduzca automáticamente en una tasa hipotecaria mexicana. El peso, las tasas de Banxico y la situación local siguen sus propias condiciones. Comprender Europa ayuda a entender por qué los mercados internacionales pueden cambiar el costo de financiar proyectos en distintas regiones.
El indicador importante está en la mesa familiar
Hay dos errores simétricos: celebrar cualquier aumento de tasas como prueba de firmeza o exigir recortes inmediatos como si el crédito barato no tuviera riesgos. La estabilidad de precios protege especialmente a quienes menos margen tienen para absorber aumentos, pero la recuperación del crecimiento también necesita inversión y empleo.
La responsabilidad de la autoridad monetaria es explicar con claridad qué sabe, qué ignora y por qué decide. La de los bancos comerciales es trasladar sus costos de manera transparente. A los gobiernos les corresponde facilitar condiciones para producir y trabajar sin que las familias queden solas frente a precios crecientes.
El BCE volverá a evaluar los datos en sus próximas reuniones. Hoy la evidencia disponible muestra una inflación por encima de su objetivo y un crédito que aún crece. Lo que conviene vigilar no es solamente si la tasa sube o baja, sino si la corrección de los precios ocurre sin deteriorar de manera innecesaria las oportunidades de quienes sostienen la economía cotidiana. Esa es la medida humana de una decisión financiera.
¿Dónde quedaron los más de 61 mil millones de pesos que le robaron al fisco en México?
Cinthia López Morales
El huachicol fiscal generó pérdidas por 61,785 millones de pesos en 2025. El gobierno combate esta evasión en la comercialización de combustibles mediante mayor monitoreo y la rectificación de importaciones
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